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Una de las estrategias usuales de las dictaduras y de los regímenes autoritarios donde no existe el control de los poderes ni una justicia independiente, es el de denunciar complots, ataques externos e internos, preparativos de invasión, supuestos atentados e intentos de magnicidio, para desarrollar todo un libreto al que se ciñen de forma perfectamente coordinada todos los cabecillas y funcionarios del régimen “atacado”.
La Venezuela del chavismo, primero con el propio Hugo Chávez y luego con sus patéticos sucesores, ha sido pródiga en toda una serie de historias que responden a un guion ensayado y ejecutado durante seis décadas por el régimen que les sirve de inspiración: el castrismo cubano, que ha asegurado su férreo control totalitario sobre la población en las historias de “invasión imperialista”, reales o ficticias.
Esta última semana, el régimen de Maduro viene denunciando un intento de “invasión” de mercenarios estadounidenses, varios de ellos exmilitares, con la participación de militares venezolanos declarados en rebeldía y, según los voceros del chavismo, con la participación –por acción u omisión– de los gobiernos de Estados Unidos y de Colombia. El lenguaje de los comunicados del régimen y las declaraciones de sus jerarcas están plagados del acostumbrado tono épico cargado de dramatismo.
Esta vez, no obstante, a diferencia de tantas anteriores, la prensa independiente ha podido verificar que sí hubo unas capturas hechas por fuerzas oficialistas, y mediante entrevistas y testimonios ha podido desentrañar la existencia de un rocambolesco contrato suscrito en Estados Unidos, en el que han participado los más disímiles personajes, y que por los alcances que sus proponentes quisieron darle, sería más propio de una opereta que de una amenaza creíble a la seguridad del régimen de Maduro y sus cómplices.
Un cuerpo de mercenarios, por numeroso que sea, no podría ir a Venezuela, ni entrar a Caracas, a capturar ni a derrocar a Maduro y a los demás que tienen orden de captura de la justicia norteamericana por narcotráfico. Quienes llegaron allá con ese propósito y fueron apresados por fuerzas del régimen no solo se metieron en una cueva sin salida, desprovistos como quedarán de cualquier garantía procesal, sino que regalaron a la dictadura munición para desarrollar su pantomima propagandística y victimista.
Los gobiernos de Estados Unidos y Colombia han negado cualquier participación en esta operación temeraria y, sobre todo, torpe. Asumiendo como sobreentendido que no es con un grupo de ex boinas verdes o ex militares veteranos, actuando por libre, como se va a terminar con una dictadura que cuenta con el control de todos los resortes, regulares e irregulares, de las fuerzas armadas de su país, las consecuencias terminan sufriéndolas los propios venezolanos en forma de mayor represión y vulneración a sus derechos humanos.
Los informes publicados por The Washington Post acerca de esta fallida “operación” mercenaria mencionan varias veces al presidente interino, Juan Guaidó, y se alude a una supuesta firma suya en el que sería el ya famoso contrato del exmilitar Jordan Goudreau. Que por medio este el exasesor venezolano de la campaña presidencial de Juan Manuel Santos en 2010, Juan José Rendón, no puede augurar nada bueno. Guaidó ha tenido que salir a dar explicaciones, y de no lograr que sean creíbles, arriesga a perder el apoyo –cada vez más callado– que le ha prestado la comunidad internacional.