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La inflación de Colombia continúa siendo problemática. A pesar de que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) concluyó el año en 9,28% —una mejora respecto al pico del 13% que marcó en febrero pasado—, la tasa de inflación permanece en más del doble en comparación con la de países como Brasil, Chile o México.
En vista de que la inflación se le puede convertir en un sambenito para su popularidad, disimuladamente el Gobierno comenzó a echarles la culpa a los empresarios por la persistencia en el aumento de los precios: “Las utilidades de las firmas han tenido un rol determinante en el aumento de la inflación en Colombia”, fue el encabezado de un comunicado de prensa de la Casa de Nariño ampliamente difundido por personas allegadas a la sede gubernamental, incluyendo al Presidente.
El breve comunicado, de una página, hacía alusión a “Seller’s Inflation en Colombia”, un análisis elaborado por el Ministerio de Hacienda en el cual utilizan una técnica recientemente sugerida por el FMI, que se conoce como descomposición del deflactor del PIB. Dicha técnica ha enfrentado intensas críticas, hasta el punto de ser calificada el año pasado por la revista The Economist como “una idea absurda”.
De suerte que el informe del Ministerio, lejos de constituir una verdad irrefutable, ya ha suscitado numerosas objeciones de fondo. “Al revisarse con detalle las conclusiones pueden verse como resultan imprecisas, sesgadas e incluso algunas de ellas no reflejan el contenido de los documentos de base”, cuestionó el Consejo Gremial, en un pronunciamiento con 21 comentarios, dudas y reservas sobre el documento del Ministerio. “La metodología del Ministerio, usada en trabajos previos, puede llevar a conclusiones erróneas. Un aumento en los costos de los insumos, como mayores precios de energía, combustibles y fertilizantes se puede atribuir de forma equivocada a un mayor margen de ganancia de las empresas”, replicó un equipo de investigaciones de ANIF. “Del documento solo se pueden extraer algunos datos interesantes, pero no afirmaciones sobre un efecto causal entre las utilidades y la inflación, como lo pretende hacer el comunicado”, comentó Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo.
Por no hablar de todos los elementos que no tuvo en cuenta el Ministerio de Hacienda a la hora de analizar por qué la inflación está como está. No tuvo en cuenta, por ejemplo, lo que muchos consideran la explicación principal del fenómeno y es que en los últimos años el país ha enfrentado diversos choques de oferta que han presionado los precios de los productos. El aumento en el precio de los commodities e insumos agropecuarios por conflictos globales, al igual que disrupciones en las cadenas de suministro en todo el mundo, han aportado al incremento del índice de precios al consumidor. De la misma manera y como respuesta a la pandemia, el país vivió varios meses de una política monetaria y fiscal expansiva necesaria, pero con efectos acumulados sobre el costo de vida. El índice de precios al productor (IPP) superó el 20% y el dólar estuvo por varias semanas rozando los $5.000. Nada de esto fue digno de mencionarse en el comunicado de prensa del Ministerio.
Cabe recordar que el 90% de las empresas colombianas son pequeñas y medianas, que a pesar de las adversidades, han continuado trabajando por la economía del país, generando empleo, ampliando su aporte fiscal y trayendo tasas de crecimiento a la economía de más del 10% en 2021 y de 7,5% en 2022, un crecimiento que no solo repercute positivamente en la calidad de vida de todos sino que al final de cuentas le ayuda al gobierno de Petro a mantener un mejor estado de ánimo en el país.
¿Por qué se ‘equivoca’ el gobierno de Gustavo Petro echándoles culpas a las empresas colombianas? Parece ser un recurso de propaganda para ponerle un responsable a la inflación y de esa manera no tenerla que llevar sobre sus hombros. Un modo de operar que se ha repetido frente a diversos problemas que aquejan al país. Un ejercicio que no obedece al rigor técnico, ejemplar a nivel continental, que había caracterizado hasta hace poco al Ministerio de Hacienda.
El bolsillo de las personas –si tienen más o menos ingresos, o si tienen o no tienen empleo– es sagrado a la hora de medir la popularidad de un gobernante. Y por ello el Gobierno parece optar por crear un “enemigo” sobre el cual depositar la culpa, en este caso el sector privado, buscando avivar en la población sentimientos de indignación y odio.
Hay quienes se han preguntado también si con esto el Gobierno busca preparar el terreno para un control de precios que le permita presentarse como salvador. No en vano, acaba de nombrar al frente de la Superintendencia de Industria y Comercio a la activista petrista Cielo Rusinque.
Sea uno u otro el objetivo del cuestionado comunicado, lo cierto es que la manera como fue replicado en redes sociales por allegados al Gobierno y por sus bodegas indica que alguna estrategia hay detrás de este “estudio” del Ministerio.