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No han pasado siquiera dos meses desde que se publicó el informe de la misión internacional independiente que, bajo los auspicios de Naciones Unidas, investigó los crímenes de lesa humanidad contra opositores y disidentes políticos en Venezuela. En ese informe se detallan prácticas horripilantes y sistemáticas; se detalla, por ejemplo, cómo los organismos de inteligencia operan casas clandestinas en las que se mantiene a los disidentes encerrados y encapuchados, de modo que su única percepción del mundo exterior son los gritos y súplicas de los demás detenidos, y las burlas y maltratos de los agentes que los torturan. El informe adjudica directamente responsabilidades con nombre propio a los principales dirigentes del gobierno venezolano. E identifica tras ellos la mano que directamente impulsa y mueve este sistema de tortura y persecución. Esa mano, la de Nicolás Maduro, fue la misma que nuestro presidente estrechó ayer en Caracas.
Lo anterior no lo debemos olvidar, no importa cuán numerosos e incluso fuertes sean los argumentos pragmáticos alrededor de la normalización de relaciones.
En ese espíritu, demos al presidente Petro el beneficio de la duda, y consideremos que esta gestión, que moralmente nos puede resultar tan chocante, tiene como propósito la obtención de resultados prácticos y benéficos para ambas naciones. En especial para Colombia, que es la nación a la cual el presidente Petro se debe.
El primero de esos argumentos es que la normalización de relaciones permitirá restablecer todo tipo de intercambios entre los dos países, abriendo nuevamente la puerta a un sinfín de actividades que estaban congeladas. Esto va desde las relaciones comerciales y de inversión hasta los lazos puramente humanos y familiares, pasando por cosas como los servicios consulares.
No tenemos duda de que el restablecimiento de esos lazos puede traer beneficios concretos. Ofrecería, en principio, ganancias importantes para sectores empresariales colombianos que podrían encontrar en Venezuela un mercado muy atractivo, en parte por la recuperación parcial que está viviendo su economía, y en parte por el hecho de que, tras haber diezmado sus sectores productivos, Venezuela presenta numerosas necesidades de bienes y servicios que podrían entrar a satisfacer las empresas colombianas.
No adelantemos sin embargo la celebración porque, como se dice popularmente, en este tema el diablo está en los detalles. La palabra y el papel aguantan todo; presidentes y embajadores pueden hacer manifestaciones jubilosas de renovada amistad, pero mientras no haya claridad sobre aspectos concretos como los mecanismos y la garantía de los pagos, no va a arrancar el intercambio binacional. No se nos ha olvidado la penuria que vivieron muchos exportadores colombianos cuando Venezuela empezó a dejar de pagar, en parte como represalia política contra Colombia, en parte por su propio caos económico. Muchas empresas perdieron todo lo que habían vendido. Y según se dice, florecieron los servicios clandestinos de políticos afectos al chavismo que ofrecían recuperar esos dineros a cambio de una buena comisión. A nada de eso podemos volver: necesitamos mecanismos confiables y seguros de pago, y por encima de la mesa.
En el tema comercial Petro también insinuó una resurrección de la Comunidad Andina, pero hasta ahora eso parecería responder más a una lógica de nostalgias y anhelos que a una racionalidad económica clara.
Se ha dicho, también, que hay un segundo objetivo pragmático tras los acercamientos de Petro a Venezuela. Este objetivo sería inducir al régimen de este país a dar marcha atrás en su deriva autoritaria, o al menos hacerlo parcialmente, con cosas como un desescalamiento de la represión, el regreso del país al sistema interamericano de derechos humanos, y la reanudación de diálogos con la oposición que conduzcan a elecciones libres. El presidente Petro efectivamente mencionó, y con énfasis, ese posible regreso al sistema interamericano, que es de aplaudir si ello conlleva a que en Venezuela se respeten más los derechos humanos. Todos estos son objetivos de enorme valor, y si el presidente Petro los logra, solo procede aplaudir su gestión y reconocer su logro. El tiempo lo dirá. Pero en la medida en que los intereses de Colombia y la seguridad del país no queden comprometidos, esta iniciativa goza de nuestro apoyo.
¿Y la seguridad fronteriza? El presidente Petro disertó sobre la presencia de mafias en la frontera, pero todos sabemos que el problema va más allá: no es solo cuestión de bandidaje en la frontera; el verdadero problema es que las organizaciones terroristas y narcotraficantes colombianas buscan y obtienen santuario en territorio venezolano, sea por aquiescencia o por negligencia del régimen, o sea por la comprobada participación de funcionarios suyos en el narcotráfico. Sin solución a este punto será muy poco lo que avanzaremos.
Ojalá el encuentro, la apertura, se traduzcan en buenas cosas para Colombia. Ya vimos en los últimos días como el presidente Petro se quejaba porque la reapertura de la frontera no ha dado los resultados esperados en materia de comercio. Mal haríamos legitimando a un tirano, haciéndole ese desplante a la democracia, para que simplemente todo siga como está o peor.
De la reunión de ayer cabe celebrar la mesura y la circunspección. Muy diferente a la colorida llegada al país vecino del embajador Benedetti, ambientada entre abrazos, carcajadas y regalos. Hace bien Gustavo Petro en mantener una actitud de compostura pública al tener que estar lado a lado con uno de los peores tiranos que ha conocido nuestra región .