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El presidente Duque sancionó la semana pasada la Ley 2056 que regula la organización y el funcionamiento del Sistema General de Regalías (SGR). La nueva ley tuvo un largo trámite en el Congreso por tratarse de la distribución de la contraprestación económica que recibe el Estado por la explotación de los recursos naturales no renovables, en su condición de propietario del subsuelo.
La iniciativa para modificar el SGR surgió de la presión de las regiones productoras para recuperar los ingresos que el acto legislativo 05 de 2011 y, posteriormente, la Ley 1530 de 2012 les habían reducido. El argumento en ese momento fue el de lograr una distribución más equitativa de las regalías, con lo cual se disminuyó la participación de las regiones productoras y portuarias para otorgarla a las no productoras.
Una decisión desafortunada, porque es en los municipios productores donde se dan los impactos sociales y ambientales negativos que pueden llegar a tener los proyectos de las industrias extractivas, con lo cual se les dejó de compensar de forma apropiada. Por esta razón, en parte, dejaron de apoyar los proyectos extractivos. En 2017, mediante el Acto Legislativo 004, se destinaron recursos para el Órgano Colegiado de Administración y Decisión Paz (Ocad paz), trasladados de varios fondos del SGR.
En 2020, el legislativo busca un equilibrio para aumentar las regalías a regiones productoras y portuarias, sin afectar a las otras regiones. Se incrementó la asignación directa de regalías del 11 al 20 % para los departamentos, municipios productores y portuarios. Además, los municipios productores pueden pedir un adelanto de las regalías del 5 % a las empresas que desarrollen explotaciones en sus territorios, o al mismo SGR, para financiar o cofinanciar proyectos prioritarios. A los municipios no productores se les mantienen sus participaciones mediante el desahorro del Fondo de Ahorro y Estabilización, FAE.
Hay otras novedades importantes en cuanto a la distribución se refiere. Dentro de ellas se encuentra la destinación de 5 % de los recursos del sistema para la protección ambiental, la lucha contra la deforestación y la mitigación de los impactos ambientales producto de la explotación minera y un ligero aumento de lo aportado a ciencia, tecnología e innovación (9,45 % al 10 %). La asignación al desarrollo regional quedó en el 34 % y se destinó un 15 % (antes era 10,7 %) a los municipios más pobres del país.
Una lectura de la nueva Ley deja claro que en el nuevo SGR le va bien a la descentralización, ya que se garantiza una distribución más razonable de las regalías obtenidas a partir de la explotación de los recursos naturales, compensando a las regiones productoras, y favoreciendo a las que no lo son, y con una mejor gobernanza, pues se simplificó la compleja estructura anterior. También la protección al medio ambiente gana con la reforma y se restituyen recursos para la ciencia y la tecnología.
Sin embargo, queda la sensación de que es una Ley “atrapatodo” que quiere atender los muchos problemas que aquejan al país, por ende, con múltiples objetivos y un solo instrumento, las regalías. A lo cual se agrega la reducción sustancial del componente de ahorro-inversión-estabilización de esos ingresos que expone a los territorios al ciclo de precios. La gran pregunta es si ese anhelado flujo de ingresos se mantendrá en el futuro, con una economía mundial maltrecha, una transición energética en marcha y unas comunidades escépticas frente a la extracción local de mineroenergéticos.