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La nueva procuradora General de la Nación, Margarita Cabello Blanco, asumió su cargo el pasado viernes, tras haber sido ternada, primero, por el presidente de la República, y elegida luego, a finales de agosto del año pasado, por amplísima votación del Senado.
La jurista barranquillera, primera mujer que asume en propiedad como jefa del Ministerio Público, era ministra de Justicia del gabinete de Iván Duque al momento de ser ternada para el cargo, y antes había sido magistrada de la Sala Civil y presidenta de la Corte Suprema de Justicia.
El Ministerio Público, según la Constitución, comprende la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo, esta con un jefe elegido por la Cámara de Representantes, de terna enviada por el presidente de la República y que, según la misma Carta Política, “ejercerá sus funciones de manera autónoma”.
Las competencias de la Procuraduría como ente de control son muy amplias y la primera, ni más ni menos, es la de “vigilar el cumplimiento de la Constitución, las leyes, las decisiones judiciales y los actos administrativos”, con potestad para ejercer el poder disciplinario y vigilar el desempeño de los servidores públicos y el cumplimiento de sus competencias legales.
Una de las atribuciones que la Constitución otorga a la Procuraduría, y por ende al procurador General, es la de “defender los intereses de la sociedad”, cláusula abierta y sujeta a todo tipo de interpretaciones por quienes ocupan el alto cargo, y que en ocasiones anteriores ha servido para que los jefes del ente de control asuman potestades propias de la rama Ejecutiva o hayan pretendido que el cargo les faculta para emitir órdenes de cogobierno.
La procuradora entrante ha dicho que espera que quienes la han conocido en su larga vida de servicio público no se equivoquen con ella y no pretendan confundir conocimiento con complicidad. Los cuatro años que siguen serán la oportunidad para evaluar la realidad de esa promesa.
Cada procurador imprime su estilo. El saliente, Fernando Carrillo, se concentró en la función de advertencia, y en organizar mesas de diálogo a lo largo del país. La preocupación ciudadana por el auge de la corrupción, como indican las encuestas, sigue inalterable. La percepción de impunidad, y de que los corruptos se salen con la suya, sigue siendo muy alta. Lo grave, por supuesto, no es la percepción en sí sino la realidad: la evidencia de que ese fenómeno es real.
Ser jefe del Ministerio Público da mucho poder, garantiza visibilidad y exposición mediática. Al punto de hacer perder el equilibrio a muchos de quienes llegan a ese sillón. En evidente referencia a quien acaba de terminar su periodo, el presidente Duque dijo que la nueva procuradora “no llega al cargo para emplearlo como trampolín electoral”. Ojalá así sea.
Valga destacar, a propósito, que de lo dicho por el presidente Duque en el acto de posesión, hay una gran parte de la población que lo suscribe: “El Ministerio Público no puede estar para elevar la voz en favor de los victimarios; el Ministerio Público debe garantizar los derechos de las víctimas y que no sean revictimizadas (...). Es importante oír la voz del Ministerio Público exigiendo que los victimarios entreguen todos los bienes para reparar a las víctimas, que no eludan esa responsabilidad. Qué bueno ver al Ministerio Público, también, insistiendo en que haya sanciones ejemplarizantes a los máximos responsables de crímenes de lesa humanidad”. Palabras que molestarán a algunas minorías pero que responden a un anhelo de verdad y justicia y que, en su independencia y buen juicio, está también -junto con la Fiscalía- en manos de la doctora Margarita Cabello hacer posible