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Esta semana, el gobierno de Estados Unidos designó formalmente al llamado “Cartel de los Soles” como una organización terrorista extranjera (FTO, por sus siglas en inglés), y la sumó así a esta lista —en la que figuran grupos yihadistas, separatistas y narcoguerrillas— como una red criminal señalada de estar liderada por altos mandos militares venezolanos.
La inclusión del Cartel de los Soles en la lista de organizaciones terroristas no es un simple gesto simbólico: permite al Departamento del Tesoro congelar activos en Estados Unidos y en terceros países, y convierte en delito cualquier forma de apoyo material a sus integrantes. Además, faculta al Pentágono para emprender acciones militares fuera del territorio estadounidense, y al Departamento de Justicia para emitir órdenes de captura internacional. En la práctica, se refuerza la estrategia de presión máxima contra Maduro, combinando elementos jurídicos, financieros y diplomáticos.
Y sobre todo le permite al gobierno de Donald Trump tener una cobertura legal de la que carecía para sus ataques a las lanchas frente a las costas de Venezuela y Colombia y en los que hasta ahora van más de 80 muertos.
El precedente más cercano a este tipo de política se vivió con el Cartel de Sinaloa y el grupo criminal conocido como el Tren de Aragua, también recientemente catalogados como organizaciones terroristas por Estados Unidos. Esta línea de acción, impulsada desde la administración Trump y continuada con matices por otros sectores del poder estadounidense, apunta a un endurecimiento del cerco internacional sobre Venezuela, con el aparente objetivo de forzar un cambio de régimen sin recurrir a una intervención militar directa.
El Cartel de los Soles es una estructura liderada por oficiales de alto rango de las fuerzas armadas venezolanas, que lleva a cabo actividades como contrabando de gasolina, minería ilegal y narcotráfico. Washington considera que el mandatario venezolano es la cabeza de ese grupo, y aunque no ha presentado evidencias de esa vinculación, moniteros independientes han demostrado que las operaciones del cartel han florecido al amparo de la inacción por parte del régimen de Caracas. Incluso el Secretario de Estado Marcos Rubio dio un paso más allá aseverando que sus miembros “son responsables de la violencia terrorista en todo nuestro hemisferio”.
La inclusión del Cartel de los Soles en la FTO puede asfixiar aún más la economía venezolana que sufre sanciones estadounidenses desde 2019, incluido un embargo petrolero. E incluso podría generar pérdidas en sectores que no estaban afectados por ellas si operadores internacionales deciden evitar a Venezuela para ahorrarse problemas con Estados Unidos.
La presión ha comenzado a sentirse. Al menos siete aerolíneas internacionales —entre ellas Avianca, Iberia, Air Europa, Latam Airlines y Turkish Airlines— han suspendido sus vuelos a Venezuela, tras las alertas de la Administración Federal de Aviación de EE. UU. sobre los riesgos de sobrevolar su espacio aéreo. A esto se suma el riesgo reputacional y financiero para empresas extranjeras que mantengan vínculos comerciales con sectores del Estado venezolano.
La pregunta clave, por tanto, es si la campaña contra el Cartel de los Soles responde exclusivamente a la lucha contra el narcotráfico o si, como muchos analistas señalan, se trata de una pieza más en una estrategia para debilitar al régimen venezolano desde adentro. En agosto pasado, el gobierno estadounidense elevó a 50 millones de dólares la recompensa por información que conduzca a la captura de Maduro, una señal clara del enfoque judicial y punitivo que se privilegia en esta etapa.
Todo parece indicar que hay una estrategia amplia destinada a aumentar la presión sobre el régimen de Maduro, tal vez buscando que la propia población de Venezuela logre un cambio de gobierno en su país.
Una intervención militar no se contempla por múltiples razones. La primera, que Trump le prometió a su electorado durante la campaña que no se involucraría en conflictos bélicos en el extranjero. La segunda, porque reformar el gobierno de Venezuela mediante acciones militares o encubiertas no sería una tarea ni fácil ni sencilla. Y la tercera, porque el equipo de asesores estadounidenses tiene la certeza de que derrocar a Maduro generaría un escenario de caos que no podría ser controlado sin un amplio y costoso despliegue.
En este complejo tablero geopolítico, el diálogo bilateral sigue siendo una posibilidad remota, pero latente. La eventual conversación directa entre Nicolás Maduro y Donald Trump —mencionada en varias ocasiones— no se ha materializado, y por ahora ambas partes se comunican a través de gestos públicos cargados de retórica beligerante. Mientras Trump afirma que “si podemos hacer las cosas por las buenas, está bien. Y si tenemos que hacerlo por las malas, también estaría bien”, Maduro responde movilizando marchas y arengando a sus bases con frases como “prohibido fallar en esta coyuntura decisiva”.
En medio de este cruce de presiones, es el pueblo venezolano quien sigue atrapado en una olla a presión que amenaza con explotar por cualquiera de sus costuras. La comunidad internacional, incluidos países como Colombia, no pueden ser espectadores pasivos ante esta situación. La estabilidad regional y la dignidad de millones de venezolanos exigen una respuesta que privilegie la diplomacia, la justicia y los derechos humanos por encima de los cálculos estratégicos y los pulsos de poder.