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“El Clan del Golfo con su hostilidad contra la población ha roto el cese al fuego”, escribió el presidente Gustavo Petro en su cuenta de Twitter el domingo a la medianoche. Mientras tanto los habitantes de varios municipios del Bajo Cauca permanecían confinados en sus casas en medio del terror, de los disparos de armas largas, del ataque a peajes, alcaldías y estaciones de policía, y del incendio de ambulancias.
El presidente Petro lamentaba la ruptura de un cese al fuego que a esta altura nos seguimos preguntando si es real o no, porque estamos ante el único caso de un cese bilateral nacido, no de un acuerdo entre dos como su nombre lo indica, sino de un anuncio de una de las partes.
Recordemos que el supuesto cese al fuego bilateral entre el Estado y cinco organizaciones, una de ellas el Clan del Golfo, fue anunciado por el presidente Petro en la noche de año nuevo. Muy rápidamente después, el ELN, uno de los supuestos firmantes de tal cese lo desmintió. Y esta organización, percibiendo el afán que tenía el gobierno por mostrar algún resultado, lo arrinconó en la mesa de negociaciones y lo tiene bailando a su ritmo.
De este cese al fuego nadie vio nunca un documento firmado, ni unos protocolos, ni se conoció testigo alguno, validador o compromisario que hubiera participado en su firma. Nadie jamás tampoco supo de reunión alguna en el que se pactara. Nadie ha visto las reglas de verificación, ni se designó a ninguna organización para tal tarea. Ni uno solo de los requisitos mínimos para creer en la existencia de un cese bilateral.
¿Dónde lo acordaron? ¿Quiénes participaron? Son preguntas elementales que por mera transparencia y espíritu de rendición de cuentas el Gobierno debería haber contado a los ciudadanos.
Hay que decir que el Clan del Golfo sí sacó un comunicado el 16 de enero agradeciendo a las Fuerzas del Estado por suspender las operaciones en su contra y en la misma página aprovechó para pedirles a todos sus frentes “cumplir estrictamente el cese al fuego bilateral”. Precisamente en ese comunicado hay un detalle bien singular que puede explicar, en parte, este enredo en el que está metido el Gobierno. Resulta que quienes aparecen “aceptando” el cese al fuego bilateral firman como Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y no como Clan del Golfo. Y el presidente Petro acusó de romper el cese al fuego al Clan del Golfo, y no habló de las Autodefensas Gaitanistas.
Por supuesto, apreciado lector, no es para que se confunda: las dos (AGC y el Clan) en teoría son lo mismo. Y si estuviéramos en otras épocas tal vez habría un presidente que resolvería el asunto diciendo que es un problema de semántica. Pero esta especie de crisis de identidad (o lo que en psicología se conoce como trastorno de identidad disociativo) es un punto crucial: cuando se identifican como AGC tratan de asumir un papel político, de confrontación con el Estado, y cuando se les conoce como Clan del Golfo, se está denominando un cartel de criminales sin propósitos políticos. ¿Con cuál de los dos se está realmente negociando, con el Clan del Golfo o con las AGC? (En este caso no cabe la figura literaria del doctor Jekyll y Mr Hyde, porque no hay bueno y malo, los dos son señores Hyde).
¿Será que ahí es donde está el error del Gobierno? ¿Tratarlos como grupo con alcances políticos cuando en realidad son un grupo criminal? Desde aquí ya habíamos señalado que no entendíamos un cese al fuego con un grupo que acosa a las comunidades, trafica, extorsiona, desplaza y hace minería ilegal, con ningún propósito distinto al de enriquecerse. En su momento dijimos que significaba una claudicación del Estado de cumplir con el compromiso constitucional de defender a los ciudadanos. Y el paso de los días, en cierta medida, nos ha dado la razón. El propio ministro de Defensa, Iván Velásquez, nos dijo en entrevista este domingo que si bien el Clan del Golfo había cesado la confrontación con el Estado las comunidades seguían siendo víctimas de sus atropellos. Es decir, como Autodefensas Gaitanistas dejaron de pelear con el Estado, pero como Clan del Golfo siguieron en su carnaval de crímenes.
Cabe recordar que el Estado sí cumplió a pie juntillas el cese al fuego y ordenó suspender todas las acciones de las autoridades contra estas organizaciones. Eso sí está escrito, firmado y sellado. Y de que se ha cumplido da testimonio el hecho de que buena parte de la lucha contra el narcotráfico está paralizada.
Sin embargo, también hay que reconocer que con las últimas acciones del presidente Petro y su ministro de Defensa parecen haber caído en cuenta del galimatías en que se habían metido; seguramente, el llamado de atención que hizo el gobernador de Antioquia al país surtió su efecto: el ministro ordenó el viernes a la Fuerza Pública levantar el bloqueo y el Presidente ha ordenado desplegar entre militares y policías del Esmad cerca de 10.000 hombres para retomar el control del territorio.
Este episodio del paro minero se ha convertido en una prueba ácida para la “paz total” de Petro. Hoy, buena parte del país sigue sin entender sus vericuetos y no a pocos nos produce alarma la ambigüedad de la misma. Mientras se aclara el camino, más vale seguir ejerciendo autoridad en los territorios para que la población no tenga que meterse debajo de la cama por miedo a las balas y las bombas