viernes
7 y 9
7 y 9
Se posesionó ayer Pedro Castillo como presidente del Perú, en medio de una crisis económica y social sin precedentes, y de muchas inquietudes frente al mandato que se inicia. Castillo, en su discurso de posesión, se mostró conciliador e insistió en que es el presidente de todos los peruanos y no solo de los que votaron por él. Sin embargo, reiteró que quiere cambiar la Constitución de 1993, aprobada durante el primer gobierno del hoy detenido exmandatario Alberto Fujimori, porque siente que limita su accionar y su intención de apoyar a los sectores más pobres de la población.
Ese mensaje central del nuevo mandatario resulta muy complicado, si se recuerda que la victoria de Castillo sobre su rival, Keiko Fujimori, fue muy estrecha y debió ser resuelta por el tribunal electoral mes y medio después de la segunda vuelta de las elecciones, con lo cual su gobernabilidad es muy limitada.
Además, una encuesta reciente, realizada por el diario El Comercio, muestra que la reforma de la Constitución no es una prioridad para el pueblo peruano. Las preocupaciones en este momento se concentran en el avance de la campaña de vacunación, fundamental en un país que ha sido duramente golpeado por la pandemia, y en la reactivación de la economía, muy afectada por la misma causa, especialmente por el desplome del turismo internacional, una de las industrias peruanas más importantes, una que le provee un monto significativo de divisas.
Si Castillo insiste en su reforma a la Carta Magna y presenta al Congreso, muy dividido, un proyecto de ley para convocar una Asamblea Constituyente, aumentaría la incertidumbre frente a las reglas de juego. En esas condiciones sería difícil que se reactive la inversión y que lleguen capitales extranjeros, con la consecuencia natural de una economía aún más débil. Frente a la urgente necesidad de una acción rápida y decidida en la salud y la economía, el nuevo gobierno está dando una primera señal que no contribuye precisamente a despejar las dudas que se tienen frente a él.
Desde la confirmación de su victoria, Castillo ha querido tranquilizar los mercados con anuncios claves, como la ratificación del presidente del banco central. En el mismo sentido se interpreta su declaración en la posesión, según la cual: “No pretendemos ni remotamente estatizar nuestra economía ni hacer una política de control de cambios. Solo queremos que la economía de las familias, sobre todo las de menores ingresos, sea más estable y próspera; que las grandes empresas no estafen al fisco mediante la evasión o la elusión tributaria, que el Estado cumpla su función supervisora y defensora del ambiente, del consumidor y de la sociedad. No creo que ningún verdadero peruano pueda estar en contra de este propósito”.
A pesar de esas palabras, continúan los temores, porque las intenciones en relación con la Constitución no ayudan a disiparlos, ni mucho menos. Hacer de la modificación a la Carta Magna la prioridad es erróneo, la esperanza es que los peruanos respalden su democracia, porque están más que nunca convencidos de su solidez, de los beneficios de la alternancia de poder, del balance de poderes, de los pesos y contrapesos y del manejo prudente de la economía, guiada por la libre iniciativa privada, atributos que permitieron un desempeño económico notable en los últimos años, que se truncó de forma desafortunada por la pandemia