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Editorial

La prueba de fuego de la JEP

La Jurisdicción Especial para la Paz tiene cinco grandes retos en este 2022: debe comenzar a mostrar avances en el juzgamiento de los crímenes cometidos en el conflicto y evitar meterse en polémicas que justifiquen a sus detractores.
La prueba de fuego de la JEP
ilustración Elena Ospina Publicado el 02 de enero de 2022

Luego de que la firma de los Acuerdos de Paz cumplió cinco años, sobre los hombros de la JEP está buena parte de la responsabilidad de que esa paz se consolide. Por eso el 2022 será un año lleno de retos para la JEP.

El primer de ellos es emitir sentencias. Hace unos años la JEP se anunció como un sofisticado sistema que permitiría tener resultados mucho más rápidos que el sistema de Justicia y Paz con el que se juzgó a los paramilitares. El país espera decisiones que señalen los delitos que cometieron los actores del conflicto y no solo autos de determinación de hechos como ha sucedido hasta el momento. Sin embargo, ese objetivo no se ve fácil, pues solo la semana pasada quedó en firme el primer auto de determinación de hechos y para que exista sentencia luego de ello es necesario que se hagan audiencias de reconocimiento, se emita resolución de conclusiones y el proceso pase a la Sección de Reconocimiento si se aceptan cargos y a la de no reconocimiento si no se aceptan. Si no se buscan caminos para simplificar los procedimientos difícilmente se cumplirá esta meta.

El segundo es avanzar en los casos difíciles. Para nadie es un secreto que los dos casos más avanzados de la JEP (secuestro y falsos positivos) contaban con cientos de sentencias emitidos por la justicia ordinaria, por lo cual en ambos la labor ha sido más de recopilación y sistematización de información. El verdadero reto de la JEP será tener avances en los otros 5 macrocasos (reclutamiento, UP y los casos territoriales de Nariño, Cauca y Urabá) donde la justicia ordinaria no tuvo mayores avances y la JEP realmente puede marcar una diferencia sobre la investigación de los hechos cometidos en el conflicto armado.

El tercer reto será abrir por fin el macrocaso de violencia sexual. Las víctimas de violaciones, maltratos, esclavitud sexual y abortos forzados y la Procuraduría General de la Nación han clamado por la apertura de ese macrocaso desde hace más de dos años sin recibir una respuesta adecuada. Las organizaciones que reúnen a estas miles de víctimas no han quedado para nada conformes con la afirmación de la JEP de que no habrá un caso específico dedicado a esos crímenes, sino que será parte de casos nacionales contra las FARC y la Fuerza Pública. Si la JEP no cede seguramente el tema terminará en la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

El cuarto será no tener ningún escándalo. Los casos del fiscal Bermeo y de Santrich causaron indignación en los colombianos y no deben repetirse si la JEP quiere tener la autoridad moral para tomar las decisiones que se vienen. Si bien en la justicia ordinaria se han presentado muchas más situaciones de esta naturaleza, al ser un nuevo tribunal la JEP se ha convertido en el objeto de focos para lo bueno y para lo malo.

Finalmente, tal vez uno de los retos más complejos será estar al margen de las discusiones políticas en un año de elecciones. Pese a su naturaleza especial, la JEP es una jurisdicción y por ello no puede involucrarse en debates políticos, pues perdería toda legitimidad. Acá no sobra recordar la máxima de todo buen funcionario judicial: los jueces hablan por la justicia de sus decisiones y no por la vehemencia de sus comunicados.

El país espera que avance en la investigación de los crímenes cometidos en el conflicto armado, pero también que no vaya a intervenir en discusiones políticas frente a estas elecciones en un país polarizado donde unos quieren ganar votos prometiendo acabarla y otros utilizando sus pronunciamientos

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