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Antes de que el país entre en un debate encarnizado sobre las preguntas de la consulta popular a la que está convocando el presidente Gustavo Petro, deberíamos dar una discusión que es más urgente y necesaria alrededor de la pregunta ¿qué tipo de reforma laboral necesita Colombia?
O mejor aún ¿estos cambios que quiere aplicar Petro qué efectos pueden tener en la economía del país y en el bienestar de los trabajadores?
No son preguntas retóricas. Si en un país –llámese Colombia o cualquier otro– no se aplican bien los cambios en materia laboral, por bien intencionados que sean pueden terminar convirtiéndose en instrumentos de destrucción de empleos y de tejido empresarial. La reforma que presentó el Gobierno, que le negó el Congreso, y que ahora trata de rescatar el presidente Gustavo Petro en 12 preguntas de una consulta popular puede terminar siendo una suerte de regalo envenenado para el país y para las comunidades más necesitadas de conseguir empleo.
No lo decimos nosotros, lo dijo el Banco de la República en el estudio en el cual planteó que la reforma laboral podría acabar con 500.000 empleos formales. ¿Por qué no habríamos de creerle a una institución respetable como esta que ha sostenido por décadas el equilibrio fiscal del país? Aún más, entre los autores del estudio estuvo el hijo del entonces ministro de Hacienda de Gustavo Petro, Ricardo Bonilla. La economía es una ciencia, si no exacta, construida por técnicos que a punta de evaluar escenarios logran tomar las mejores decisiones para la salud financiera de un país.
Pero no solo lo dice este estudio. También nos podemos mirar en el espejo de Venezuela y ver lo que ocurrió con la reforma laboral que Hugo Chávez aprobó por decreto en 2012. Chávez usó los poderes que él mismo se había dado y aprobó, cual dictador, la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras. La presentó en ese entonces como una medida “justa, histórica y necesaria” para proteger a los trabajadores frente al “capitalismo salvaje”.
Esa reforma de Chávez parecía tener no solo la misma justificación que la de Petro hoy en Colombia, si no que también incluía puntos similares: reducía la jornada laboral, exigía pago de doble prima y prohibía el trabajo tercerizado. ¿Y qué pasó con esa reforma? El desempleo en Venezuela aumentó de manera significativa: de 7,82% en 2012, creció a 18% en el primer trimestre de 2016, a 27% en 2017 y a 58,3% en 2020 (cálculos del Fondo Monetario Internacional).
Por supuesto, en Venezuela no todo fue culpa de la reforma laboral de Chávez. Pero según estudios y expertos que cualquiera puede consultar, los mayores costos laborales y las mayores exigencias a la hora de crear empleos formales, contribuyeron a la debacle económica que terminó expulsando del país a cerca de 5 millones de venezolanos desde el 2013 hasta el 2020.
Uno puede creerle al presidente Petro cuando dice tener genuinas intenciones de ayudar a los empleados. Todos queremos ayudar. Sin embargo, lo que busca Petro con la consulta popular, su prioridad, es mantener a sus bases en modo movilización, de cara a las elecciones de 2026, la consulta es su campaña electoral.
¿Quién no va a querer que le paguen más por la hora que trabaja o cuando trabaja domingos y festivos? Todos dirían que sí. Y si Petro incluye en la consulta popular la idea de Bill Gates, de que la jornada laboral debe ser de tres días a la semana, pues también todos vamos a responder sí.
Pero como dice la sabiduría popular, de buenas intenciones está empedrado el camino del infierno. Detrás de ese apetitoso o sugestivo empaque, lo que hay por dentro puede llegar a ser un regalo envenenado para la economía del país, para sus finanzas y en general para el empleo de los colombianos.
La reforma laboral beneficia exclusivamente a quienes tienen un empleo formal, que lamentablemente son pocos en el país. De cada 100 colombianos, 58 están ocupados; y de estos, sólo 25 tienen un empleo formal. En conclusión, solo 25 de cada 100 se verían eventualmente beneficiados con la consulta. A costa de los otros 75, que o no tienen trabajo o tienen un trabajo informal.
Ya se han hecho análisis de las 12 preguntas de la consulta. Algunas ya están consignadas en leyes, de manera parcial o total, como es el caso de la seguridad social para las empleadas domésticas o del permiso médico, otras incluyen artículos que están en proyectos que hacen trámite en el Congreso, razón por la cual no deberían utilizarse en una consulta y en algunos casos Colombia ofrece mejores garantías que otros países.
Como por ejemplo en la pregunta 1, si bien se pide que la jornada diurna sea de 6 de la mañana a 6 de la tarde, no se tiene en cuenta que nuestro país con su jornada de 6 a 9 de la noche, tiene mejores condiciones para los empleados que Perú, Uruguay, Chile y Brasil que van hasta las 10 de la noche.
O en la pregunta en la que se plantea un recargo de 100% para dominicales y festivos, si se compara el recargo de 75% que hoy se paga en Colombia, frente al 50% que pagan Brasil y Chile, o el 30% que pagan Perú o Panamá, hay que reconocer que nuestro país tiene mejores beneficios para los trabajadores.
Los ajustes que el país necesita en materia laboral son los que permitan a más colombianos acceder a los beneficios de la formalidad y no por el contrario, algunos de los que están contenidos en las 12 preguntas de la consulta popular, que más bien van a poner en calzas prietas a muchas pequeñas y medianas empresas y pueden terminar destruyendo empleos.