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La difícil situación social producto de la pandemia ha hecho emerger diferentes propuestas de alivio. El sistema de seguridad social está desbordado ante el deterioro de los ingresos de la población y hay que buscar de forma urgente alternativas para atender a los más vulnerables. Una de las fórmulas más debatidas es la llamada renta (o ingreso) básico universal (RBU).
La idea original del economista Van Parijs, consiste en hacer una transferencia directa de dinero a toda la población, permanente e incondicional, según la definición del Banco Mundial. La RBU sería un derecho exigible por todos los ciudadanos, sin que tengan que cumplir ningún requisito.
Una solución de ese tipo es respaldada por la Cepal, entidad que propone avanzar gradualmente en esa dirección, al tiempo que un grupo de congresistas está impulsando una iniciativa inspirada en esa idea. Así mismo, Dejusticia, el centro de pensamiento jurídico intervino ante la Corte Constitucional para proponer una renta básica de entre medio y un salario mínimo para los hogares en situación de pobreza u hogares vulnerables.
Ni el proyecto que se tramita en el Congreso ni la propuesta de Dejusticia son en sentido estricto una RBU, aunque conservan algunos elementos de la idea original. En el caso del proyecto de ley, hay que tener en cuenta que se trata de una propuesta que quiere remplazar los programas focalizados que tiene el Gobierno como Familias en Acción, Jóvenes en Acción, Colombia Mayor e Ingreso Solidario.
Al sustituir todos los programas existentes, se reducirían los costes administrativos de gestionar decenas de prestaciones. La idea es llegar a un porcentaje mayor de la población, aunque no a toda. Así las cosas, se beneficiaría al 71 % de la población. Sería un programa temporal, por un período de tres meses y tendría un costo fiscal de $40,5 billones, aproximadamente 4 % del PIB. Sería equivalente a una renta básica de emergencia.
Por atractiva que pueda resultar la idea, la realidad es que sustituir los programas focalizados por un enfoque universal no puede hacerse en medio de una crisis como la actual. Además de más costoso, montar un programa de ese tipo en este momento es oportunista e improvisado y en eso tiene razón el ministro de Hacienda, quien se pronunció cautelosamente sobre el tema. Los programas focalizados se han perfeccionado y pueden todavía mejorar más, abandonarlos precipitadamente sería un grave error.
De otro lado, pensando en el mediano plazo, hay que tener en cuenta que el objetivo de la política social debe ser reducir la desigualdad, lo cual requiere tanto de políticas redistributivas como de fortalecimiento de la salud y la educación. La reducción de la desigualdad requiere un buen balance entre esas dos políticas. Además, en Colombia una de las mayores causas de la desigualdad se encuentra el sistema pensional, que otorga pensiones desproporcionadas a los ingresos más altos. En ese sentido, la reforma pensional es urgente.
Las propuestas de introducir una RBU en Colombia también se han criticado por desestimular el empleo y la movilidad del trabajo. Hay que tener en cuenta el sistema de conexiones e incentivos que tienen los mercados. En el mercado laboral, en particular, el ingreso garantizado puede destruir los incentivos para que los trabajadores ofrezcan sus servicios. El argumento más fuerte se refiere a que para reducir la desigualdad de las sociedades modernas lo indispensable es crear empleos y oportunidades de emprendimiento.