En varias notas publicadas en este diario domingo y lunes se perciben los miedos y preocupaciones de los candidatos en las elecciones regionales. Pero hay otros hechos, además, lapidarios: otro aspirante a una alcaldía, la de Tibú, por el Partido Conservador, fue asesinado el pasado fin de semana. La violencia se ha venido intensificando en diferentes zonas y no se puede permitir que la realidad y la percepción desestimulen ese ejercicio de democracia y renovación institucional.
Hay que rodear y blindar los “emprendimientos políticos” que representan los candidatos a gobernaciones, alcaldías, asambleas y concejos. Lo contrario sería dar pasos atrás en la tarea de consolidar el Estado en los territorios por fuera de la centralidad de Bogotá y las capitales colombianas.
En Bello, algunos aspirantes, y también ciudadanos del común, aseguraron a EL COLOMBIANO que los grupos delincuenciales ya empezaron a tocar a la puerta de residencias y locales comerciales para coartar la libertad de los electores y han hecho llegar mensajes respecto de quienes pueden estar en campaña en los barrios y zonas rurales, y quienes no.
En el Catatumbo, área tan conflictiva como el Cauca, debido a la presencia de bandas armadas que se disputan el control del narcotráfico y que buscan coptar los dineros y los poderes públicos locales, el candidato a la Alcaldía de Tibú por el Partido Conservador, Bernardo Betancurt, fue acribillado en su camioneta el domingo pasado.
Los grupos organizados de delincuencia, algunos residuales y asociados con las Farc, según el alto gobierno, asesinaron en Suárez a la aspirante liberal Karina García el 1 de septiembre. En Toledo, norte de Antioquia, el sábado 7 de septiembre ocurrió el homicidio de Orley García, quien aspiraba a la alcaldía por el CD.
Los testimonios recogidos por esta redacción registran estigmas, señalamientos, rumores y mensajes de intimidación a los candidatos y sus equipos y prosélitos. Un ambiente enrarecido, y cada vez más crítico de hostilidades, que mengua el deseo de hacer política de nuevos y viejos líderes y que recorta las oportunidades ciudadanas de afianzar la democracia.
“¿Que si tengo miedo? Sería imposible no sentir temor”, dijo a este diario un aspirante, lo cual retrata el espectro de incertidumbre y pánico que está envolviendo paulatinamente a candidatos y electores en regiones vulnerables. La Misión de Observación Electoral (MOE) y la Defensoría del Pueblo saben que Antioquia, por ejemplo, es el departamento con el mayor riesgo electoral en Colombia: en 48 municipios hay amenazas para la presente campaña.
La semana pasada las autoridades dieron un duro golpe a las disidencias de las Farc al abatir, en Cauca, a alias “Alonso”, señalado autor material de la matanza de Karina García y cinco acompañantes. Pero se reclama una acción mucho más preventiva e integral de vigilancia, específica de los candidatos y general de sus territorios, que impida nuevas muertes de candidatos a cinco semanas de elecciones.
Lo que ocurre es ni más ni menos que otra batalla de la democracia contra la violencia y la criminalidad. El deseo de un país, en un contexto de posacuerdo con las Farc, pero aún golpeado por numerosos actores armados ilegales, que busca con afán y optimismo ahondar sus procesos democráticos.
Un Estado cuyo principio rector y estructura indispensable son los gobiernos locales y regionales, para los cuales se necesita un liderazgo que, literalmente, esté más vivo y libre que nunca.
