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Editorial

La soledad de Medellín

Las denuncias por las irregularidades en el manejo de la ciudad brotan todos los días y por todas partes. Pero los órganos de investigación tristemente han guardado silencio o hacen anuncios que no parecen convertirse en realidad.
Publicado el 13 de enero de 2023

El 2023 arrancó atravesado por un rayo de esperanza para Medellín. Finalmente un ente de control, la Procuraduría General de la Nación, se apiadó de esta ciudad y decidió tomarse en serio las decenas de denuncias que se han hecho contra el alcalde Daniel Quintero.

En apenas 45 días ha anunciado la apertura de cuatro investigaciones contra el polémico mandatario. La primera por posible detrimento patrimonial al contratar la chatarrización de 50.000 vehículos a $98 por kilogramo cuando su valor comercial llega hasta $1.800. La segunda por irregularidades de su plan bandera, el “Valle del Software”, para evaluar dónde está el dinero que prometía crear 21 centros de tecnología de vanguardia.. La tercera para determinar su responsabilidad en que un proyecto de las dimensiones de Hidroituango no estuviera asegurado contra todo riesgo en 2021. Y la cuarta, este martes, por la publicación extemporánea de su declaración de renta de 2019.

Bien por la Procuraduría que al menos abrió las investigaciones para averiguar, para indagar, si en efecto sí se han cometido atrocidades con el presupuesto y las instituciones de Medellín. Nadie está pidiendo que se condene sin la debida investigación. ¡Pero que al menos investiguen!

Si alguien revisara la historia reciente del país tal vez encontraría que estos tres años han sido el período en que más solo ha dejado a Medellín el Estado central. Las denuncias por las irregularidades en el manejo de la ciudad brotan todos los días y por todas partes. Pero los órganos de investigación tristemente han guardado silencio o hacen anuncios que no parecen convertirse en realidad.

Por momentos, el ambiente crispado de la ciudadanía con el gobierno de Medellín, las denuncias de abusos hechas por funcionarios de manera anónima y por contratistas, hacen recordar lo vivido en ciudades como Bogotá en 2009, cuando, a pesar de las múltiples quejas y denuncias, solo se metieron a fondo los entes de investigación cuando apareció una grabación comprometedora.

Desde Medellín nos preguntamos, por ejemplo, por qué los investigadores no han averiguado o no han logrado dar claridad a la ciudadanía sobre ¿cómo fue que Miguel Quintero, el hermano del alcalde, logró acumular propiedades por más de $5.000 millones? Entre esos bienes hay una casa-finca entre Girardota y Copacabana, un apartamento en El Poblado y un terreno en San Vicente. El mismo hermano del alcalde que ha sido mencionado en varias denuncias de presuntas coimas que les cobrarían a contratistas de la Alcaldía, siendo la más sonada la del negocio sobre el lote de Carabineros, del cual este diario publicó los testimonios de dos asistentes a una reunión. ¿Qué dice la justicia?

Un investigador interesado en sacar a flote la verdad ya estaría revisando con lupa la licitación de Hidroituango entregada a un consorcio chino que estaba anunciado hacía más de un año como el ganador, y que al final apareció como único oferente. En los documentos públicos del proceso es claro que a los chinos les hicieron todos los cambios que pidieron en la licitación. ¿O acaso eso no tiene la pinta de ser un pliego sastre, hecho a la medida del contratista, de los que tanto ha cuestionado el estado colombiano?

No se explica uno por qué los investigadores se han hecho los de la vista gorda con los 117 contratos que entregó a dedo Telemedellín, buena parte de ellos suscritos con medios de comunicación en la web, aparentemente de fachada, pues estaban inactivos.

¿Por qué los entes de investigación pagados con los impuestos de todos los colombianos - una buena tajada de los cuales es pagada por los antioqueños - no han anunciado pesquisa alguna sobre las denuncias que se han hecho respecto a lo que está ocurriendo en el Hospital General, donde la alimentación de los pacientes da grima, la Seccional de Salud ha cerrado varios servicio el hospital y a los médicos de pediatría no les pagan?

Una revisada igual podrían hacer los entes de control en Afinia, la filial de EPM que comenzó como un milagro para los usuarios de energía en la Costa Atlántica, y que según las denuncias quedó en manos de una red de personas de mala reputación tratando de direccionar los contratos de una empresa que tiene en sus arcas $8 billones para desatrasar la infraestructura energética en la zona que atiende.

Por no hablar de quienes han denunciado con nombre y apellido las coimas que les han pedido, como el caso de una licitación del bono alimentario o el caso de un operador de un programa de Ruta N, y las decenas que denuncian las mordidas de 15 o 20 por ciento que les piden para poder seguir trabajando con el municipio.

¿Dónde están las investigaciones señores de la Fiscalía y de la Contraloría? .

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