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Una opinión que la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, dijo emitir a título personal, ha generado polémica e incomodidad en sectores políticos que se presentan como representantes de la paz.
Expresó la ministra en un foro periodístico que, a su juicio, el acuerdo de paz con las Farc “es semifallido”, y que ello no es atribuible al Gobierno de Iván Duque. Obviamente, es iluso por parte de la ministra encargada de la cartera política hacer pasar como personal lo que es un juicio de un funcionario de alto nivel de responsabilidad que, dígalo donde lo diga, dará lugar a reacciones políticas.
Pero, por lo demás, hay que convenir en que algunas de las cosas que dijo son ciertas. Por ejemplo, la de que el acuerdo fue adoptado sin contar con el respaldo de las mayorías nacionales. Eso quedó cuantificado en las urnas, en más de una ocasión. O aquello de que las Farc han tenido disidencias que incumplieron lo pactado y hoy se dedican a agudizar los factores de violencia en varias regiones del país. O el desfinanciamiento que el gobierno entrante encontró en agosto de 2018 de muchos de los onerosos programas acordados por el anterior en los acuerdos y sus anexos.
Las Farc, por su parte, dicen que ellas han respetado lo pactado en los acuerdos y que el Gobierno es el responsable de múltiples incumplimientos, y encabeza su lista de agravios con un factor evidentemente grave, como es el de la muerte violenta de varios exguerrilleros reinsertados que, independientemente del origen de los homicidios, es el problema que más puede resquebrajar la confianza de los excombatientes que sí están cumpliendo con la sociedad.
El Gobierno tiene varios voceros que, por sus propias funciones, ponen la cara con el fin de explicar los avances en la implementación de lo definido en los acuerdos. Aunque lo cierto es que esos acuerdos incluyen obligaciones para prácticamente todas las entidades del Estado, no solo las del Gobierno central. Y, en efecto, las declaraciones de la ministra Gutiérrez se salen de la línea argumental que ha venido defendiendo el Gobierno, sobre que la política pública ha hecho lo que le toca en la aplicación de los acuerdos.
Salta a la vista también el olvido selectivo, u omisión interesada, que muestran quienes se presentan como personeros de la paz y de los acuerdos, al hacer de lado la dificultad que para cualquier gobierno forzosamente tendría la implementación de los acuerdos, en los que se incluyeron obligaciones de todo tipo sin capacidad financiera del Estado para poder cumplirlas.
Y otro “olvido”: mientras se incrementan las exigencias al Gobierno, se suavizan las dirigidas a otros poderes del Estado, en primer lugar, la justicia. Y en particular, a la Jurisdicción Especial de Paz. Esta va a su ritmo. Pero buena parte de la sociedad espera que, así sea con esas modalidades precarias de sanción por tan graves crímenes, haya definición de consecuencias punitivas para quienes incurrieron en tan enorme cantidad de violaciones a los derechos humanos de cientos de miles de víctimas. Mientras esto no ocurra habrá amargo sabor de impunidad y poca confianza en la implementación de la paz.
El país tiene derecho a que se debatan estos temas y no estaría a la altura del debate quien salga a rebatir bajo el falaz recurso de que se quiere “volver a la guerra”. A esas épocas de ferocidad violenta no quiere regresar nadie. Precisamente la participación política de los exjefes guerrilleros permite que ahora ellos, además de pedir cuentas, también puedan ser interpelados y rindan cuentas sobre puntos tan importantes como los bienes aportados para reparar a sus víctimas.