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Con la aprobación del Comité Consultivo de la Regla Fiscal a la solicitud del Ministerio de Hacienda, en el sentido de suspender para 2020 y 2021 la aplicación de la Regla Fiscal (RF), se está dando una señal de las dificultades que debe enfrentar el Gobierno en estos años. El diagnóstico del escenario es claro: el agravamiento de la situación sanitaria perjudicó la economía y por ese camino complicó las finanzas públicas.
En su petición, el Gobierno adujo que sus ingresos y gastos están siendo afectados extraordinariamente y debe acudir a la cláusula de escape prevista en la Ley 1473 de 2011. En efecto, el recaudo, tanto de los impuestos directos (renta, riqueza) como indirectos (IVA, tributos específicos) se desplomó como consecuencia de la parada súbita de la economía y del deterioro de la situación económica mundial. Al respecto, el director de la Dian ya anunció que en 2020 el recaudo tributario sería 24 billones de pesos inferior a la meta, esto es, 10 billones menos (1 % del PIB).
El Gobierno, de otro lado, aumentó su nivel de gasto para atender las necesidades que provocó la pandemia. Se incrementó el gasto en salud y en programas sociales para los colombianos más vulnerables. También se crearon subsidios nuevos con el propósito de atenuar el choque sobre el empleo.
En esas condiciones, los analistas están proyectando que el déficit del gobierno nacional podría aumentar a 8 % del PIB en 2020, consistente con una deuda bruta de 63 % del PIB. Antes de la pandemia, se esperaba un déficit fiscal de 2,2 % del PIB, que en un primer momento de la crisis se ajustó a 6,1 %.
El 2021 no será mejor. Para ese año se prevé que la caída en el precio del petróleo desde febrero de este año impactará los ingresos de Ecopetrol y sus dividendos. El Gobierno va a dejar de percibir el giro de estos últimos, al tiempo que hogares y firmas tributarán menos ante la caída de sus ingresos. Las necesidades de gasto deberán mantenerse en una buena proporción por el empeoramiento de la situación social y del desempleo.
Como se sabe, la RF es un instrumento para aislar los movimientos de los ingresos fiscales del ciclo económico. Es una RF estructural que obliga al Gobierno a aumentar el gasto en momentos bajos del ciclo económico y lo modera en los momentos altos. Sirve para orientar los niveles del gasto público. El problema es que la RF en las actuales circunstancias se convierte en una amarra que limita el accionar del Gobierno. Los programas económicos y sociales no se podrían llevar a cabo si se mantiene la actual RF, pero hay que volver a esa disciplina fiscal una vez se superen las dificultades.
La “cláusula de salida” contemplada en la ley y que se utiliza por primera vez, se convierte en una herramienta discrecional, en la medida en que no hay una sanción explícita o mecanismo institucional que regule que no se cumpla una meta autoinfligida.
La sanción posible es sobre la reputación del Gobierno, que puede llevar a una reducción de la calificación crediticia del país. Para evitar ser castigado por los mercados y que la deuda se encarezca, el Gobierno tiene que ser muy transparente en sus cuentas y demostrar que ajustará sus finanzas con mayores ingresos y reducción de gasto, y va a disminuir su deuda.