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Editorial

La tentación del poder

Los últimos anuncios dejan el sabor de que el Presidente quisiera saltarse las instituciones y las normas para tomar decisiones de manera directa, sin pasar por el control de órganos de representación”.
Publicado el 11 de septiembre de 2022

Apenas el país estaba comenzando a masticar el anuncio del presidente Gustavo Petro de la posibilidad de decretar una emergencia económica cuando se descargó con otro de mediana intensidad: la toma de la Comisión Reguladora de Energía y Gas (la Creg) por parte del Ministerio de Minas.

Dos anuncios que, más allá de debatir si son útiles o no, dejan el sabor de que el Presidente quisiera saltarse las instituciones y las normas para tomar decisiones de manera directa, sin tener que pasar por el filtro o el control de órganos de representación como el Congreso o entidades técnicas como la mencionada Creg.

El jueves, Petro de la nada dijo: “¿No es el momento acaso de una emergencia? (...) Si vamos a vivir un episodio peor que 2010, en términos de clima, entonces, necesariamente el país tiene que entrar en una emergencia económica”.

Las suspicacias surgen porque no es la primera vez que lo dice. En marzo, cuando aún era candidato, anunció que “el primer día” de su Presidencia decretaría emergencia económica para conjurar “el problema del hambre”. Y el jueves, ya como Presidente, Petro vuelve a decir que quiere decretar la emergencia económica pero esta vez ya no habla del hambre sino de la temporada de lluvias que se avecina.

Se le nota cierta debilidad por hacer uso de ese estado de excepción y se le olvida al Presidente un pequeño detalle y es que, para poder decretar una emergencia, la Constitución exige que sirva para atender hechos “sobrevinientes”, es decir, no hechos existentes como el hambre ni hipotéticos hechos futuros como las lluvias. Dicho en otras palabras, nunca antes un presidente había considerado declarar un estado de emergencia económica con un pronóstico del Ideam.

En medio de esta tempestad política, el viernes, el mismo Petro provocó un huracán al anunciar que el Gobierno tomará el control de las funciones de la Creg. Si algo ha funcionado bien en Colombia son las instituciones técnicas que se crearon luego del apagón de casi un año en el gobierno de César Gaviria que puso en serios aprietos a todos los colombianos. Desde entonces, hace 30 años, no se ha repetido el apagón, y el sistema interconectado ha crecido, llegando a los sitios más remotos del país, para el disfrute de los más vulnerables, gracias a la independencia de la Creg.

La Creg es una de esas instituciones que la Constitución ha consagrado con el ánimo de evitar que se tomen decisiones inspiradas en necesidades de los políticos de turno en temas que son esencialmente técnicos. Bien decía el exministro Juan Carlos Echeverri que la Creg “es el Banco de la República de la energía eléctrica y el gas”.

Pero además, en ambos casos, la mayor preocupación es la ligereza con la que se plantean las soluciones. Así como el de la emergencia se sustenta en un pronóstico del Ideam, en el caso de las tarifas de la energía, Petro propone usar un artículo que es evidente que no lo faculta (Plan de Desarrollo de Iván Duque, Ley 1955), pues solo habla de intervenir “si hay nuevos agentes, actividades o tecnologías”. Cosa que no ocurre en este caso.

Si hay críticas al sistema tarifario de la Creg la solución no es intervenirla sino entender muy bien lo que ha pasado (el descalabro de Electricaribe, por ejemplo tiene que ver) y hacer los ajustes necesarios a través de la propia Comisión de Regulación. ¿Por qué si necesita modificar las tarifas no lo hace acudiendo a la Creg? ¿Por qué prefiere dar esta suerte de golpe de Estado?

Tener facultades extraordinarias para gobernar es una tentación para cualquier gobernante. Y sobre todo para quienes, como Petro, tienen espíritu mesiánico y caudillista. En el caso de la emergencia, el Presidente podría dictar decretos con fuerza de ley (para conjurar la crisis y aplacar sus efectos), sin tener que pasar por el Congreso. Y en el caso de las tarifas de energía su propósito parece ser tomar decisiones sin importar las inversiones de los privados.

Afortunadamente seguimos siendo un país de leyes, y el capricho del Jefe de Gobierno no puede exceder los límites que le imponen la Constitución y la ley. Y hay que decir que Petro ha lanzado esos anuncios, según ha dicho, con el ánimo de oír la opinión de todos al respecto.

La Corte ha tumbado estados de emergencia económica para proteger a la ciudadanía de los abusos del poder. Sucedió, por ejemplo, cuando el gobierno Uribe la declaró por la crisis de la salud, o cuando el gobierno Samper hizo lo propio por desequilibrios macroeconómicos como la devaluación y el déficit fiscal.

El Gobierno no puede estar sacudiendo al país con anuncios que producen una sensación de inestabilidad sin haber evaluado de manera rigurosa la situación y las posibilidades. En la democracia las formas importan y mucho. El presidente Petro debe seguir los conductos regulares antes de llegar a estas decisiones, que como la emergencia, son para casos extremos

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