viernes
7 y 9
7 y 9
En días pasados, con el anuncio por parte de EPM de que solicitó, autorizada por su junta directiva, a la Alcaldía de Medellín la presentación ante el Concejo un proyecto de acuerdo por medio del cual se autoriza a la empresa a vender su participación accionaria no controlante en UNE EPM Telecomunicaciones S.A. (UNE) e Inversiones Telco S.A.S (Invertelco), se inició una etapa fundamental en ese proceso.
EPM explica que, con el resultado de la enajenación de las acciones, en compañías donde no es controlante, quiere reorientar los recursos económicos obtenidos a iniciativas que gestiona directamente e integran su portafolio de negocios y que hagan parte de sus negocios estratégicos.
El argumento es muy claro: EPM quiere concentrarse en las actividades en las que es controlante de energía, gas y agua. Después de un tiempo en que se expandió y quiso incursionar en un sector como el de telecomunicaciones y en inversiones en el exterior, se devuelve a sus orígenes. De otra parte, los recursos que se puedan obtener por la venta de acciones son indispensables para atender otros compromisos que tiene EPM. La idea, entonces, es cumplir con el plan de inversiones 2021-2023 por valor de 11,2 billones de pesos. Dentro del plan, están incluidos los 2,1 billones de pesos adicionales que se requieren para concluir el proyecto de Hidroituango.
Surgen varias preguntas frente a una operación de ese tamaño, que resulta trascendental para EPM. En primer lugar, esa decisión de fondo, salir de una actividad en plena expansión e impulsada recientemente por las necesidades de la pandemia, podría resultar controversial ¿Se puede garantizar que las inversiones en otros proyectos producirán mayores rendimientos de los que hoy se pueden obtener en los negocios de telecomunicaciones? En segundo lugar, si se aprueba el Acuerdo y se hace la venta de acciones surge, como es habitual en esos casos, la pregunta acerca del valor de las acciones que se ponen en venta.
Sobre el primer interrogante, el tema de fondo es que para mantenerse y competir en ese mercado tan dinámico se requieren incesantes inyecciones de capital, que para una empresa pública implicaría distraer recursos que se requieren en sus negocios centrales. En particular, los necesarios para culminar el proyecto de Hidroituango y su puesta en operación, con el fin de satisfacer los compromisos de generación de energía, cumplir la promesa de valor y evitar sanciones por incumplimiento que erosionen las finanzas de EPM y afecten las utilidades que se giran al municipio. Estos requerimientos han venido aumentando desde 2018 en medio de las dificultades del proceso de construcción del megaproyecto.
Frente a la valoración de la participación de EPM en UNE, existe un marco legal que da tranquilidad, porque está contemplado que la enajenación de la participación del Estado se debe hacer en el marco de la Ley 226 de 1995. Según esta, el precio de venta por acción se informará al mercado solo cuando se inicie el proceso de enajenación, esta es la base mínima según está previsto en dicha Ley. El apetito del mercado y la competencia entre oferentes debería maximizar ese valor.
En esta etapa que se inicia, lo más importante, teniendo en cuenta lo que está en juego, es que haya transparencia y, muy importante, la mayor competencia para obtener la máxima retribución por la participación accionaria y se contribuya así al fin último de garantizar la solidez de EPM