viernes
7 y 9
7 y 9
Hace pocos días, aparecieron en los muros de algunas ciudades carteles con el logo del Pacto Histórico. En esos carteles se arremete duramente contra las EPS y se dice que ellas “no curan”. Otro cartel anuncia enfáticamente un “Sí a la reforma a la salud”.
Paralelamente, el representante a la cámara Alfredo Mondragón (Pacto Histórico), quien se hizo famoso durante el paro de 2021 por liderar bloqueos en Cali, ha estado hiperactivo en Twitter en los últimos días, cargando contra las EPS, y anunciando pronto movilizaciones masivas en favor de la reforma a la salud.
Debe ser que el representante Mondragón, al igual que quienes hicieron los carteles ya referidos, saben algo que nosotros no sabemos, o han tenido acceso a algo a lo que nadie más ha tenido. Porque hasta el día de hoy, pese a llevar meses ambientando el tema y anunciando la inminencia de la reforma, el gobierno Petro no ha ofrecido detalle alguno de lo que será su propuesta de reforma a la salud, y mucho menos ha mostrado un proyecto de ley. Ha hablado de generalidades, que son las mismas que ahora repiten sus defensores, como decir que la salud tiene que ser un derecho, o que no puede haber en ella lo que ellos llaman “intermediarios”, pero no nos han contado cómo piensan hacer efectiva la garantía de ese derecho, ni con qué exactamente piensan reemplazar a esas entidades (las EPS), que en realidad son algo muy diferente a intermediarios. Por el contrario, los estudios han mostrado que la mayoría de los colombianos están a gusto con ellas.
Proclaman una inminente y masiva jornada de apoyo a una reforma que nadie conoce. La idea la lidera el propio presidente de la República, quien ha anunciado que las reformas se discutirán con la ciudadanía en las calles. Una marcha en una plaza pública no es el escenario para escuchar los argumentos de la gente, si no una especie de montaje teatral para ratificar los designios de un caudillo. Esa es una de las diferencias entre el populismo y la democracia.
Pero lo que más preocupa de lo que está ocurriendo son otras cosas. La primera, que por esa vía se pretenda presionar indebidamente o intimidar a las instituciones, en particular al Congreso. El Congreso puede y debe escuchar todos los mensajes (no solo los de “la calle”), pero lo que no pueden pretender los simpatizantes del gobierno es que sus movilizaciones se vuelvan un mecanismo de coacción. Si es así, botemos la Constitución a la basura y cambiémosla por la ley del que más saque gente a la calle y tenga el parlante más fuerte.
Segundo, muchos sectores de la ciudadanía no van a estar ahí, ni tienen obligación de estar ahí. Esta debe ser ocasión para recordar que en Colombia no es requisito marchar para tener derechos, ni pertenecer a comités o asociaciones o “colectivos”. Tienen todo el derecho a organizar marchas con sus bases, más no de presentarlas como ejercicio amplio de democracia, ni mucho menos de pretender que ellas sustituyan o coaccionen a los órganos constitucionales.
Mal haríamos, también, si caemos en ese desprecio por el conocimiento que es tan típico de los populismos: asuntos como la estructuración de un sistema de salud tienen dimensiones económicas, de salud pública, financieras y jurídicas que no se pueden desconocer, ni se pueden reemplazar con las arengas de “la calle”.
No abogamos aquí por un concepto restrictivo de democracia: por el contrario, son bienvenidas todas las expresiones que pacíficamente busquen manifestar una opinión o pedir un cambio. Pero ese debe ser su alcance: expresiones, con todo el derecho a ser oídas, pero jamás pueden pretender sustituir a las instituciones. Y menos aún sustituir la democracia. Los que no marchan también tienen derechos y también son ciudadanos: por eso nuestra Constitución tiene una serie de mecanismos y procesos que, aunque imperfectos, buscan garantizar que la democracia no sea el reino de quienes gritan más duro. .