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Se dio esta semana una coincidencia que es una tremenda metáfora de la distorsión de la realidad que estamos viviendo hoy en Colombia por cuenta del presidente Gustavo Petro.
La coincidencia es que hay dos Palestinas, una queda a 11.500 kilómetros de distancia de la Casa de Nariño, y la otra, en el Huila, a solo 400 kilómetros. En la Palestina criolla mataron el domingo a tres personas y seis más quedaron heridas, pero no mereció una sola mención, ni mucho menos la condena, del presidente Petro. En cambio, entre la tarde del miércoles y la mañana del jueves, el mandatario escribió o replicó 22 mensajes condenando la matanza en Oriente Medio.
Por supuesto que las realidades no son comparables. En Gaza se viene produciendo desde hace dos años un violento ataque por parte de Israel, en reacción al también sangriento asalto que sufrió este país por parte del grupo terrorista Hamás. En Colombia estamos viviendo también una gran tragedia que puede ser menos “espectacular” pero no por ello menos grave: por el avance territorial de los grupos criminales producto de la fallida estrategia de paz total del gobierno de Petro la de Palestina fue la masacre número 63 del año en nuestro país.
La indignación frente a la matanza en Gaza es comprensible y humana. La gran mayoría rechazamos el violento ataque que ha costado la vida de cientos o miles de civiles. Pero lo que incomoda es que esta tragedia se convierta en motivo de marchas y de protestas promovidas desde el Gobierno, mientras sobre la tragedia de nuestra Patria el silencio de parte de la Casa de Nariño es ruidosamente abrumador.
El libreto es casi perfecto. Se cambia la indignación local –que iría en contra del gobierno Petro– por la indignación importada –y se le añade un culpable: la Andi–. Se sustituyen los problemas de las EPS por las bombas de Israel. Y en lugar de hablar de la inminencia de un apagón por las fallas en el manejo de la riqueza energética del país, se habla de la “liberación de Palestina”. Con un giro poético: el Gobierno que no puede garantizar seguridad en el norte del Cauca ahora propone un “ejército internacional” para pacificar Medio Oriente.
Si los ataques en Gaza comenzaron hace dos años ¿por qué tan solo en las últimas semanas, ad portas de elecciones, comienza está especie de puesta en escena de indignación? ¿Por qué se mezcla con un vandalismo que recuerda lo ocurrido en el “estallido social” hace cuatro años, precisamente antes de las anteriores elecciones?
La narrativa funciona: jóvenes que nunca alzaron la voz por los 40 colombianos presos en Venezuela sin garantías, ahora aparecen pintando murales contra “la oligarquía” por las calles de Bogotá. Influenciadores que jamás dijeron nada del secuestro de soldados en el Catatumbo o de la manera como se está destruyendo el sistema de salud, ahora hacen reels en Instagram con pañuelos palestinos. Y mientras tanto, ondean banderas extranjeras en los consejos de gobierno como si el Palacio presidencial fuese sede palestina.
El miércoles se presentaron indicios inquietantes de que funcionarios o contratistas estatales participaron en la organización de marchas contra instituciones como la Andi que derivaron en vandalismo. A saber: un contratista de la Presidencia fue promotor de los hostigamientos contra el gremio de los industriales, que de todos es sabido no goza de los afectos de Petro; las cámaras del canal estatal RTVC llegaron a la sede del gremio incluso antes de que se hiciera pública la manifestación en su contra, y desde las cuentas oficiales del Presidente y de miembros de su equipo alentaron a los jóvenes en torno a la manifestación que derivó en destrucción de mobiliario.
El contratista de la Presidencia, un joven que en declaraciones a Blu Radio se identificó como vocero de los manifestantes pro Palestina, no solo defendió la movilización contra la Andi sino que dijo muy campante que no era su problema si los manifestantes hicieron daño en una tienda de Starbucks. Por momentos parecía utilizar las mismas expresiones y el mismo tono de suficiencia de los jóvenes que hace cuatro años protagonizaron el “estallido”.
No se trata aquí de discutir la legitimidad de protestar. La protesta es un derecho, y su ejercicio pacífico constituye una expresión democrática necesaria. Lo cuestionable es que en medio de una crisis nacional que desborda en violencia en regiones como Cauca, Nariño, Norte de Santander, el Huila y la misma Antioquia, se destinen todo el esfuerzo de la Casa de Nariño a promover una agenda internacional con un marcado tinte político y electoral.
Qué tragedia para Colombia que la indignación gubernamental tenga que cruzar el Atlántico, cuando aquí seguimos contando muertos por el crimen organizado y enfermos que no sobreviven al colapso del sistema de salud. Lástima que la política del espectáculo, esa en la que los discursos presidenciales se vuelven trailers de campaña, no sirva para cambiar la trágica realidad de ninguna de las dos Palestinas.