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Colombia ha sido un país de misiones, es una tradición que expertos extranjeros y nacionales examinen los problemas y recomienden soluciones. Las finanzas del Estado han sido, por excelencia, uno de los temas de estudio, con esfuerzos destacables como el de Musgrave en la administración Lleras Restrepo o el de la misión de finanzas gubernamentales de Richard Bird durante la presidencia de Turbay, entre otros.
Las misiones siempre dejan su impronta en la discusión nacional, con análisis y argumentos muy bien fundamentados. El buen examen y las sugerencias no han tenido, en la mayoría de los casos, una consecuencia práctica inmediata. La realidad de los tiempos de la política se impone frente a las sugerencias técnicas.
Para el caso de la Comisión de Expertos Tributarios, que entregó su informe el miércoles pasado, el diagnóstico corrobora que, a pesar de los buenos consejos, no se ha logrado un estatuto tributario adecuado que garantice un ingreso suficiente para que el Estado satisfaga las múltiples necesidades que tienen los colombianos. Adicionalmente, la pandemia expuso las deficiencias estructurales del sistema, una reforma de fondo no da espera y no se debe recaer en buscar reformas fragmentadas.
Al sistema tributario se le considera disfuncional, porque no cumple con los estándares internacionales de eficiencia, equidad y simplicidad. Esta situación es el resultado de un proceso deficiente de elaboración de políticas, en el que se ha privilegiado resolver las falencias estructurales con el régimen tributario. Se ha recurrido en exceso a los gastos tributarios (GT, definidos como disposiciones en la legislación tributaria que modifican la responsabilidad tributaria de grupos específicos de individuos y negocios). El país ha abusado de los GT como un mecanismo para corregir problemas estructurales (por ejemplo, tasas estatutarias altas frente a estándares de la OCDE).
El resultado es una estrecha base tributaria, con ingresos no percibidos del 6,5 % del PIB y una proporción entre impuestos y PIB de 19,4 %, inferior al registro de la OCDE (34,3 %) y Latinoamérica (23,1 %). Para compensar se grava en exceso a quienes no pueden evitar el pago de impuestos, ya sean asalariados o sociedades. Adicionalmente, se aplican impuestos poco técnicos y distorsionantes, pero de fácil y rápido recaudo, como el gravamen a los impuestos financieros.
Ante ese panorama, en el cual Colombia no tiene un marco de referencia que permita identificar el universo de gastos tributarios (GT), una de las propuestas es que se mejoren los reportes de GT, para eliminarlos gradualmente. De otro lado, se propone disminuir la tarifa de renta corporativa y ampliar la base gravable y se retoma la polémica recomendación de reducir la lista de bienes y servicios que están exentos o excluidos del IVA, con compensación del impuesto para los hogares más vulnerables. También recomendó aumentar a una tarifa entre 10 y 12 %, la que hoy pagan los productos gravados con un 5 %. El IVA de los activos fijos y de inversión se debe acreditar dentro de este esquema y no dentro del impuesto de renta corporativo.
Puede ser que algunas de las propuestas de la Comisión no lleguen al proyecto de Ley. Ambientan, claramente, la reforma tributaria que presentará el Gobierno la semana entrante, pero en esta seguramente no aparecerán algunos de los temas mencionados. Es poco probable que, por ejemplo, se elimine el gravamen a los impuestos financieros que garantizan 7 billones de pesos o que se graven las pensiones altas. Esto apenas comienza