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Quien se anime a revisar los antecedentes sobre la interminable polémica sobre el uso del glifosato como instrumento de combate contra los cultivos ilícitos, principalmente hoja de coca, se encontrará que, por ejemplo, hace quince años se planteaban buena parte de los mismos argumentos de hoy día.
Razones de daño ambiental y a la salud humana; reivindicación de los derechos de los campesinos a cultivar lo que a bien tuvieran para garantizar su subsistencia con ingresos suficientes; llamamientos a la soberanía nacional y a la no injerencia de potencias extranjeras, y, de forma recurrente, la búsqueda de estudios y evidencias científicas sobre las consecuencias nocivas o no del herbicida para las personas.
Y de todo ello el país no fue un espectador pasivo, pues de por medio se filtraban los intereses de quienes, bajo las formas más heterogéneas de organización empresarial criminal, derivan las más exorbitantes ganancias que les reporta el tráfico y comercialización de los narcóticos.
Ha habido, no obstante, y de manera justificada, una preocupación creciente por las consecuencias en la salud de las personas. Y de allí se originó una orden judicial de la Corte Constitucional para que el Gobierno acreditara con estudios científicos los efectos del glifosato en la salud de las personas para regular su uso o, por el contrario, vetarlo.
El Ministerio de Salud pidió cesar las fumigaciones masivas, citando un informe de una entidad adscrita a la Organización Mundial de la Salud, que al ubicar los efectos del glifosato en la categoría 2A, lo describe como “potencialmente carcinogénico”. Y atendiendo el “principio de precaución”, que prescribe que si hay sospechas fundadas de daños a la salud es necesario cesar las fumigaciones, elevó su recomendación de suspenderlas.
Finalmente, luego de una penosa maratón de declaraciones contradictorias por parte de los más variopintos funcionarios del Gobierno, el presidente Juan Manuel Santos ordenó al Consejo Nacional de Estupefacientes que determinara la suspensión de las fumigaciones aéreas.
Como en tantos otros temas, la voz del procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez, argumentó las razones contrarias y anunció que muy pronto el país estará inundado por un mar de coca.
¿Qué sigue ahora? ¿Es el glifosato la única opción contra cultivos ilícitos, o por lo menos la única efectiva? El ministro de Salud, Alejandro Gaviria, reconoció que el Consejo Nacional de Estupefacientes no estudió ninguna alternativa, y por lo tanto no hay otra. Y el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, solo atinó a decir que van a incrementar la erradicación manual.
Sea cual sea la razón última de la decisión del Gobierno, que parecería enmarcada en un proceso gradual encaminado a la legalización de las drogas, los colombianos debemos leer letra por letra un párrafo del Comunicado conjunto N° 36 del Gobierno y las Farc, emitido en La Habana hoy hace un año, el 16 de mayo de 2014, que dice: “En los casos en los que no haya acuerdo con las comunidades, el Gobierno procederá a la erradicación de los cultivos de uso ilícito, priorizando la erradicación manual donde sea posible, teniendo en cuenta el respeto por los derechos humanos, el medio ambiente y el buen vivir. Las Farc-ep consideran que en cualquier caso en que haya erradicación, esta debe ser manual”.
No hay que ser tachados de enemigos de la paz por entender meridianamente lo que allí se dispone, y las consecuencias de dicha directriz.