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Es innecesario cargar de sesgos una afirmación: a los líderes sociales en Colombia los siguen asesinando. La dosis de verdad está en que, según cifras oficiales, en 2019 se dieron 109 homicidios de activistas. Y solo en enero de 2020 cayeron 19. Ante esa realidad apabullante, denunciada por las ONG y los mismos líderes, relatada por Naciones Unidas y aceptada por el Gobierno Nacional, lo que se debe esperar son respuestas, medidas eficaces.
Hace un año el presidente Iván Duque anunció el Plan de Acción Oportuna de Prevención y Protección de los Defensores de Derechos Humanos, Líderes Sociales y Periodistas, PAO. Un paquete de medidas que respondía a las preocupaciones internas y de la comunidad internacional, pero la lista de asesinados continúa en ascenso.
La ONU, en la voz de su relator de Derechos Humanos, Michel Forst, reconoce voluntad política, pero reclama resultados, además de que se le permita constatar, en el terreno, con los afectados, y mediante reuniones con las agencias oficiales referidas al tema, los pasos concretos y los logros del Estado en la defensa de los líderes.
No obstante, en declaraciones a BBC, el relator Forst advierte que la mayor parte de los activistas continúa sin protección y que la gravedad de la situación ha aumentado los últimos tres años. Ahí cabe una precisión, según Forst: la crisis empezó en el gobierno pasado (el de Juan Manuel Santos), pero no se detiene.
Cabe preguntarse si a estas alturas es posible sostener, como lo dijera Luis Carlos Villegas, en condición de ministro de Defensa, que no hay una sistematicidad manifiesta, detectable, en esta racha de violencia e intimidación. Cada vez la hipótesis es más una tesis: los líderes sí están convertidos en blanco de una campaña de exterminio sostenida. De ahí las estadísticas preocupantes, y condenables.
Colombia es el país del hemisferio con el mayor número de asesinatos de líderes, y su trabajo y su estatus se han convertido en sinónimo de peligros y muertes.
Por eso es un imperativo para todas las agencias del Estado crear un entorno seguro y de respeto a los ciudadanos que fomentan el trabajo por causas sociales, culturales, políticas, de género, e incluso religiosas, en un ambiente de tolerancia y respeto de los principios constitucionales y el marco legal colombianos.
Aunque en medio de declaraciones altisonantes, la ministra del Interior, Alicia Arango Olmos, sostiene que la vida y la integridad de los líderes sociales y comunales y defensores de derechos humanos “es tema prioritario en el Gobierno”. Intención que debe ganar cuerpo en la realidad.
Mientras ello no ocurra y mientras continúe la muerte de los activistas, semana a semana, el país alargará la estela de crímenes contra individuos esenciales en la construcción de la democracia y su tejido social. Al tiempo que garantiza la crítica de las agencias internacionales que tienen la obligación de monitorear la capacidad de los Estados y gobiernos de garantizar la labor de los líderes y defensores.
No conviene llamar injerencia al cumplimiento de los roles por parte de organismos con los cuales Colombia ha tenido, por lo menos los últimos 20 años, claras y saludables relaciones de cooperación.
El Gobierno Nacional requiere agregar a su discurso una estrategia, con método cuantificable, que detenga esta oleada de ataques que preocupa, sin excepción, a todos.