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Tres ejes vertebraron el discurso presidencial de Iván Duque al instalar, el lunes, las sesiones ordinarias del Congreso de la República: la gestión de la pandemia del covid-19 y las medidas de excepción que se han definido y aplicado; el repaso de la política social que constituye lo que define como política de equidad y justicia social; y uno transversal en todos los asuntos tratados: un llamado insistente a la unidad de propósitos, con una exhortación dirigida a las fuerzas políticas: “Los invito a continuar la batalla de las ideas desde la claridad de nuestras diferencias, pero atreviéndonos a desafiar la política del odio que promueven los profetas de la fractura nacional”.
Los efectos de la pandemia afectarán a la sociedad, en palabras del presidente, “por lo menos un año más”. Y de allí que haya hecho hincapié en la protección de la salud, unida, eso sí, y al mismo nivel, con la preservación de la vida económica y productiva, valiéndose de lo que llamó un Compromiso con la Generación de Empleo. Desde este mismo espacio habíamos llamado a todas las fuerzas sociales, económicas y empresariales a unirse en ese propósito, y en buena hora el presidente anima a abordar ese reto.
Siendo el suyo un discurso institucionalista y no polarizante, no obstante no renunció a insistir en uno de los principios inspiradores de su Gobierno: la política de Paz con Legalidad, “porque no puede existir una paz verdadera sin un compromiso con la justicia; no hay paz donde prevalece la impunidad”. Siendo este un postulado apenas básico del Estado de Derecho, todavía hay quienes se sienten interpelados o amenazados por esa reivindicación, que en sano entendimiento lo es también de todo el pueblo colombiano.
Mencionó de paso las reformas “necesarias para mejorar la justicia que requiere el ciudadano”, sin detallar sus alcances. No aludió, por otra parte, a posibles reformas a las Fuerzas Armadas –en especial el Ejército y la Policía–, tarea compleja pero inaplazable.
Por parte del Congreso, el mensaje de los parlamentarios al país, en concreto de la mayoría de senadores y de sus partidos y movimientos políticos, es de indiferencia con las aspiraciones de los ciudadanos para un ejercicio transparente de la política y de consolidación de liderazgos renovadores. Hay una especie de desafío de la clase política a la sociedad y a otros poderes públicos, como a la Corte Suprema, al elegir como presidente del Senado –y por ende, del Congreso– al senador Arturo Char Chaljub, incurso en una investigación judicial por eventuales delitos electorales.
Los partidos Cambio Radical, Centro Democrático, Conservador, la U, Liberal y Mira pusieron primero sus componendas políticas, primando los intereses meramente partidistas, a la vez que notifican que para ellos tiene poca importancia que el primer cargo de la rama legislativa esté a cargo de un personaje cuestionado. Cambio Radical, en particular, ratifica un modo de hacer política y, sin decirlo, hace notar que no tienen relevancia la trayectoria, ni la calidad –cualitativa y cuantitativa– como parlamentario para llevar su vocería en una alta institución del Estado.
El nuevo presidente del Congreso manifestó que la principal tarea del Legislativo es “recuperar la credibilidad en la justicia”. Esa, en realidad, es más bien misión de la propia rama judicial, con sus propios jueces y magistrados haciendo realidad ese servicio público esencial, así el Congreso pueda, si quiere, hacer reformas importantes. Mientras tanto, en los próximos días el mismo Char deberá comparecer como investigado ante la Corte Suprema, presentándose ante la misma, en virtud de elección de su corporación, ya no como simple senador.