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El Comité Nacional de Paro entregó un pliego con 13 títulos y 104 ítems que recogen sus peticiones para la negociación que piden con el Gobierno, que por su lado, avanza en sus rondas de la Conversación Nacional. Dentro del extenso “pliego de peticiones”, que el Comité ha llamado Agenda, hay de todo, desde pretensiones que parecen sensatas hasta otras polémicas, como las que apuntan a modificar la doctrina militar y la política de seguridad y defensa.
A la desinformación que estaba presente en algunos puntos originales planteados por los manifestantes desde el 21 de noviembre, se le agregan en esta ocasión peticiones que quieren obligar a una revocatoria del programa de Gobierno elegido en las urnas en junio del año pasado. El presidente Duque y su equipo, con su Conversación Nacional, vienen reconociendo realidades de la sociedad colombiana y están siendo receptivos a sus demandas. Retos que no corresponden necesariamente a este Gobierno sino a la historia de la Nación. El punto crucial es cómo atender las reclamaciones que considere justas y persistir en su postura de diálogo, sin sacrificar las pautas que ha definido para gobernar.
Se deben considerar las restricciones presupuestales que tiene el Gobierno, que no son pocas. Además mirar con realismo las solicitudes, pues conceder los gastos que implican algunas demandas de los promotores del paro llevaría a la quiebra de las finanzas públicas. En ese sentido, hay dentro del pliego peticiones como la realización de un nuevo censo de población, la implementación de políticas públicas para apoyar al sector solidario, volver nuevamente a Ecopetrol una empresa totalmente pública, aumentar a 2 % del PIB el presupuesto de cultura, por mencionar algunas, cambios que implicarían gastos desmesurados. Absurdos.
Hay otros puntos en el pliego, como el rechazo a la reforma pensional –que no ha sido siquiera presentada-, a la laboral, a la Ocde o la creación de una holding financiera estatal, que no resisten un análisis riguroso. La única forma de mejorar la cobertura y calidad de las pensiones es, precisamente, una reforma pensional. No hacerla es ser cómplices de mantener un sistema pensional que favorece solo a unos pocos privilegiados. Hacer una reforma laboral es urgente para incluir en el mercado laboral a las nuevas realidades del trabajo en el siglo XXI. Renunciar a la Ocde es desistir de tener mejores prácticas sociales y económicas, todo un despropósito. Como lo es también resistirse a la financiera estatal con el argumento falaz de que están en riesgo algunos empleos, tema que el gobierno ha desmentido en muchas ocasiones, cuando la realidad es que se está diseñando un instrumento que puede llegar a ser esencial para la política pública.
Entra dentro de la práctica de las negociaciones políticas y económicas, y los sindicatos lo saben muy bien, presentar peticiones hasta grado superlativo de exigencias para al final ir acoplándose a las realidades. En esta ocasión no es distinto, aunque aquí la diversidad y fragmentación de los que se consideran representantes del paro, unido a la promoción constante de la “toma de las calles”, hacen que el proceso adquiera tintes delicados, pues no es un secreto que la gobernabilidad del país se está afectando.
No deja de ser contradictorio, por otro lado, que la interpelación contenida en estos pliegos de exigencias se dirija exclusivamente al Gobierno, cuando tantos problemas derivan del desajuste y defectuosidad en el cumplimiento de sus deberes por parte de las otras ramas del poder público, en primer lugar el Congreso y, al mismo nivel, la rama judicial.