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Editorial

Los caminos de la adopción

De los múltiples ámbitos de protección al menor de edad, hay que fijar la atención en aquellos donde se definen las adopciones. Es imprescindible atender las experiencias de quienes tienen intervención en ellos.
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Publicado el 08 de septiembre de 2019

La protección a los menores de edad –niños, niñas, adolescentes– abarca toda una serie de obligaciones para múltiples actores: el Estado, los gobiernos en todos sus niveles, la sociedad y las comunidades que la componen, las familias, padres y madres, las entidades educativas y, en primera y no en última instancia, cada ciudadano particular.

Los deberes de protección y asistencia no son solo los legales. De hecho los instrumentos internacionales en materia de protección a la infancia y adolescencia, así como las normas constitucionales, contemplan todo un catálogo de sectores en los cuales se deben enfocar el ámbito de acción: sociales, económicos, culturales, educativos, etc., y, por supuesto, los jurídicos.

Las obligaciones a cargo del Estado vinculan a las ramas del poder público, no solo al Ejecutivo. La rama judicial es esencial, así como el poder legislativo que, al fin y al cabo, no solo hace las leyes que serán aplicables sino que tiene la facultad de ejercer el control político. Los parlamentarios definen límites, formalizan derechos y fijan deberes. Los jueces aplican la ley existente, definen situaciones jurídicas y forman jurisprudencia aplicable a casos similares futuros. En Colombia, las potestades de la jurisprudencia a veces sobrepasan sus fronteras y pasan a conformarse como potestades cuasi legislativas (así por ejemplo, en las sentencias de acciones de tutela).

De las vías dispares que asumen las instituciones públicas y que no se alinean con los principios anteriores hay un ejemplo en las diferentes etapas que deben cumplirse para los procesos de adopción de menores. Están las leyes debatidas y aprobadas por el Congreso, los procedimientos legales y judiciales ante los jueces civiles con jurisdicción de familia, y los trámites administrativos ante el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).

En esto vale la pena escuchar, es imprescindible hacerlo, la experiencia directa de todos los involucrados en los procesos de adopción. Conociendo no solo el sentido de las decisiones judiciales sino las medidas provisionales que toman los jueces en el trámite de las adopciones, donde la ponderación de derechos debería apuntar a la protección del interés superior del menor. Hay casos concretos en los que menores de edad en condiciones de absoluta vulnerabilidad, quedan en el peor de los mundos porque judicialmente se ordena su entrega a núcleos parentales que no tienen las más mínimas condiciones para asegurarles un entorno de seguridad y afecto. Allí se hace prevalecer, contra el mandato constitucional, los derechos de los adultos en vez de los de los niños.

Hay grandes complejidades en el desarrollo y resolución de los procesos de adopción: humanas, ante todo; familiares, jurídicas, sociales, económicas, culturales. Si de lo que se trata es de asegurar un adecuado entorno familiar para quienes, por diversas circunstancias, no lo han tenido desde el nacimiento o no tienen la seguridad de continuarlo en esa etapa crucial de crecimiento y formación, no debería haber tal disparidad de criterios entre quienes son los operadores jurídicos de los procesos de adopción (sean jueces o funcionarios administrativos).

Mantener espacios de contacto y diálogo directo entre jueces de familia, funcionarios del ICBF, entidades de protección y acogida, compartir experiencias y revisar casos emblemáticos que dejan muchas enseñanzas y lecciones para corregir futuras decisiones, es no solo una opción sino una ruta que habría que institucionalizar de inmediato.

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