Pico y Placa Medellín
viernes
7 y 9
7 y 9
Pocas veces un conflicto armado ha puesto de relieve una transformación tecnológica tan acelerada como la que se observa hoy en Ucrania. Lo que empezó como una invasión de corte convencional por parte de Rusia derivó en un escenario de experimentación operativa, donde los drones se convirtieron en herramienta central del combate y están cambiando la forma de hacer la guerra. Y lo que allá se aprende, para bien y para mal, ya está llegando a Colombia.
Desde 2022, presionadas por la logística y la escasez de munición, las fuerzas ucranianas adaptaron drones comerciales —pensados originalmente para fotografía o simple recreación— para misiones de reconocimiento y ataque. Hoy el ecosistema de ese país reúne más de 200 empresas y el país se fijó la meta de producir alrededor de un millón de drones al año. Los hay para vigilar, para atacar frontalmente, para servir de “señuelos”, para interferir comunicaciones y para golpear objetivos a cientos de kilómetros. Apoyados en inteligencia artificial, algunos ya operan con alta autonomía, incluso en “enjambres” que se coordinan entre sí.
Esa proliferación está cambiando la economía de la guerra. Con aparatos relativamente baratos hoy es posible destruir equipos que cuestan millones, como helicópteros, aviones o vehículos blindados. Ya no se impone necesariamente quien tiene el armamento más costoso: gana quien logra producir, reponer y operar estas tecnologías con más rapidez y en mayor volumen. Los ejércitos ya reaccionan: Estados Unidos se propuso adquirir hasta un millón de drones en dos o tres años y en Europa avanza la idea de un “muro de drones” en el flanco oriental del continente.
Para Colombia, la discusión dejó de ser lejana. Según cifras del Ministerio de Defensa recogidas por el Financial Times, los grupos armados ilegales lanzaron 264 ataques con drones entre 2024 y 2025, en su mayoría con equipos comerciales baratos modificados para soltar explosivos. En diciembre, un ataque contra una base militar dejó siete muertos. En abril, tres soldados murieron cerca de la frontera con Ecuador y otro golpe alcanzó un radar militar en el Cauca. Las Fuerzas Militares aseguran haber neutralizado el 96% de los intentos el año pasado, pero el ministro de Defensa saliente, el general Pedro Sánchez, admite que la movilidad y la supervivencia en el campo de batalla ya no son las mismas.
El reportaje del FT documenta algo más inquietante que las cifras: la ruta del conocimiento. Colombia lleva décadas exportando veteranos a guerras ajenas —Sudán del Sur, Yemen y ahora Ucrania, donde han muerto hasta 500 connacionales desde la invasión rusa— y las estructuras criminales detectaron la oportunidad. Según testimonios recogidos en el frente, reclutadores al servicio del narcotráfico buscan que sus hombres aprendan a armar y pilotear drones FPV (first-person view), a cifrar la comunicación con el operador y a montar cargas explosivas como se hace allá. Exparamilitares, exguerrilleros y exsoldados combaten y aprenden juntos. Las autoridades ucranianas ya han devuelto a reclutas con vínculos con el crimen organizado colombiano.
La amenaza, además, evoluciona más rápido que la respuesta. Los grupos ilegales ya emplean drones FPV en el país y buscan equipos guiados por fibra óptica —una táctica nacida en Ucrania y adoptada por Hezbolá— inmunes a los inhibidores de señal con los que el Ejército detiene la mayoría de los ataques. El Estado respondió con restricciones a la importación de drones y con el anuncio, en enero, de un “escudo antidrones” de US$1.600 millones en sistemas de detección e interferencia. Son pasos necesarios. Pero los controles de aduana no detienen lo que viaja en la cabeza de un veterano que regresa. Ahí está el reto de política pública para el gobierno de Abelardo de la Espriella, que asumió hace una semana con la promesa de restablecer la autoridad del Estado en las regiones más golpeadas por la violencia.
Hará falta inteligencia sobre las redes de reclutamiento, cooperación con Kiev para filtrar candidatos y revisar los incentivos: mientras la pensión de un suboficial retirado no compita con lo que paga una guerra ajena o una economía ilegal, la fuga de talento militar continuará. El gobierno anterior subió salarios y ratificó la convención de la ONU contra el mercenarismo. Conviene recordar que ninguna de esas medidas alcanza a quienes ya volvieron con lo aprendido.
También hará falta repensar las compras militares. El modelo clásico de adquisiciones —proyectos de años, contratos gigantescos y ciclos de renovación lentos— se vuelve obsoleto cuando el campo de batalla cambia de una semana a otra. Como resumió al FT una analista del International Crisis Group, las Fuerzas Militares perdieron el monopolio del espacio aéreo. Para un Estado que siempre contó con dominar los cielos frente a guerrillas y narcotraficantes, es un giro estratégico de fondo.
La discusión ya no es sobre “cómo será” la próxima guerra. Es sobre cómo se está peleando hoy, en Zaporiyia y en el Cauca. Ucrania demostró que los drones pasaron a ser pieza central del combate y los criminales colombianos tomaron nota antes que muchos Estados. Si el nuevo gobierno asume que la ventaja tecnológica de la Fuerza Pública está garantizada, terminará enfrentando una amenaza nueva con herramientas viejas.