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En los pasillos del Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA), cuentan los testigos, se repetía una frase peculiar: “Ahí llegó el dueño”. Peculiar, porque no se referían al director ni a ningún funcionario, sino a un hombre sin cargo público, hermano mayor del entonces alcalde de Medellín, Daniel Quintero. Esa escena, relatada ante un juez, explica mejor que cualquier organigrama por qué hoy la libertad de Miguel Quintero Calle es un problema para la justicia.
El Juzgado 27 Penal de Medellín debe decidir si Quintero y su socio Sebastián Ortega afrontan desde la cárcel el proceso por interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación. La Fiscalía, el apoderado del AMVA y la Procuraduría coinciden en que deben hacerlo tras las rejas.
Esa decisión puede marcar un antes y un después en uno de los procesos por presunta corrupción más importantes del país. O, peor todavía, un antes y un nunca. Porque este es el momento en que la investigación debe demostrar si es capaz de proteger a quienes han decidido hablar y de esclarecer hasta dónde llegó el presunto entramado de corrupción durante la Alcaldía de Quintero, un personaje que, como bien ha demostrado, quiere ser presidente de la República. Si la justicia no blinda ahora este proceso, muchas de las preguntas que la ciudad lleva años haciéndose jamás tendrán respuesta.
Por eso esta no es una audiencia más: el juez no decide solo dónde espera Miguel Quintero el juicio, sino en qué condiciones podrá continuar la investigación.
La presunción de inocencia acompaña a los imputados hasta el último fallo, y la detención preventiva debe seguir siendo excepcional. Pero la ley la creó justamente para casos como este: cuando existe riesgo de que el imputado obstruya la justicia, se fugue o represente un peligro para la comunidad. En este expediente, según la Fiscalía, concurren los tres.
El primero es el más grave. Mientras Misael Cadavid, exgerente de los bomberos de Itagüí y testigo principal, estuvo preso en El Pedregal, recibió 17 visitas de abogados, varios de los cuales, según él, le aconsejaron no colaborar. Le habrían ofrecido un cupo en otra cárcel y defensa gratuita. A su hija la citaron al despacho de un alcalde con la misma oferta. Cuando esas puertas no se abrieron, dice la Fiscalía, llegó la ofensiva: una publicación que lo presentó como mentiroso y desequilibrado, amplificada luego por el propio Daniel Quintero en sus redes. Hoy Cadavid anda escoltado por la Unidad Nacional de Protección. Otra testigo clave tuvo que pedir protección. Y una funcionaria de la Fiscalía, sin papel alguno en el caso, descargó 293 documentos reservados del expediente en una sola jornada. Si todo esto ocurrió con los imputados en libertad y antes de la imputación, cabe preguntarse qué puede ocurrir en los meses, quizás años, que faltan hasta el juicio.
El segundo riesgo es la fuga. Migración Colombia registra 18 salidas de Quintero al exterior desde que su hermano llegó a la Alcaldía, con largas estancias en Panamá y Miami. Tiene visa estadounidense, capacidad económica y, según él mismo, se instaló en el istmo por amenazas. A Panamá, además, habrían sido convocados otros procesados que pensaban colaborar con la justicia. Las penas en juego superan con holgura los seis años de prisión. Pocas veces el incentivo para no comparecer es tan evidente.
El tercero es el que más debería preocupar a la ciudad. La Fiscalía sostiene que Quintero dirigió el esquema a través de terceros, sin ocupar un cargo. Ese poder no termina con un periodo de gobierno. Una firma se revoca con un decreto; una red de lealtades, no.
Nada de esto es un episodio aislado. La Fiscalía acaba de crear un grupo especial para investigar los desastres que dejó Daniel Quintero a su paso y ya son más de 50 los imputados por contratos en Buen Comienzo, el Inder, Metroparques, Metroplús y el Área Metropolitana. Está el Parque de las Aguas, con contratos cercanos a 18.000 millones. Está el lote de Carabineros, por el que un empresario asegura que le propusieron pagar hasta 35.000 millones por debajo de la mesa. Está la presunta venta de la gerencia de Afinia. Y está Aguas Vivas, cuya imputación contra el exalcalde anuló una jueza en julio por fallas técnicas de la Fiscalía y hoy espera la decisión del Tribunal Superior. Una nulidad no es una absolución, pero sí una advertencia: en procesos tan largos y técnicos, cada demora abre espacio para que la presión haga lo que las pruebas no pueden.
Por eso lo que se decide en el Juzgado 27 va más allá de dos nombres. Se decide si en Medellín quien se atreve a contar lo que vio puede hacerlo sin terminar escoltado, desprestigiado o con su familia en la mira. La libertad de los imputados no puede atentar contra la libertad de los testigos para hablar.
Los contratos, los chats y los manuscritos con porcentajes son parte del expediente. Los testigos también lo son. Esta vez, la cárcel preventiva no es un castigo anticipado: es la manera de proteger la verdad mientras llega el juicio.