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A la par con la preocupación por sus vidas (ya cuentan 219 asesinatos), los excombatientes de las Farc analizan con el Gobierno Nacional la mudanza de casi el 40 por ciento de los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación a otras zonas, debido a la gravedad de las amenazas y los ataques sufridos en esos sitios de concentración. Entre miércoles y jueves se cumplió el traslado de 93 personas desde Ituango a Mutatá, por esas razones.
Lo de Ituango representa un golpe para el Estado a su capacidad de proteger el regreso de los exsubversivos a la vida civil. En numerosas ocasiones se observó que el proceso en este municipio constituía un piloto esencial para verificar la potencia de la institucionalidad para copar de legalidad un territorio aún hoy azotado por múltiples actores armados ilegales, en abierta conexión con las redes del narcotráfico.
Allí las denominadas “autodefensas gaitanistas” y las disidencias de los frentes 18 y 36, además de la guerrilla del Eln, mantienen una disputa territorial que incluso involucra a bandas criminales como la llamada Pachelly, de Bello.
Sucesivos asesinatos de desmovilizados y desplazamientos masivos, ante la ola de violencia, finalmente desembocaron en el traslado de los reinsertados, sus familias y algunos vecinos a Mutatá, en la puerta de entrada a Urabá.
En una publicación de hace 10 días, los integrantes del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (Farc) aseguraron que no firmaron la paz para ser asesinados. Los líderes del movimiento advierten que a diario se presentan homicidios y amenazas en su contra. La última víctima mortal fue Gildardo Villegas Ceballos, en Villavicencio, quien había denunciado intimidaciones.
El entorno de hostilidades contra los desmovilizados, en especial en los Etcr, es tan crítico que un grupo de 94 congresistas demócratas envió hace 12 días una carta a los presidentes Donald Trump e Iván Duque en la que solicitaron mayor y mejor protección para los exguerrilleros y los líderes sociales del país.
El último ejemplo de esta encrucijada se vivió esta semana con la mudanza forzada de los residentes en Ituango, que terminaron desterrados. Pero hace diez días también se confirmaron amenazas a la Etcr de Uribe, Meta, por parte de grupos disidentes.
Esta semana se conoció un informe de Human Rights Watch que describe los controles sociales y los “castigos” impuestos por los grupos armados ilegales durante la pandemia. Como es habitual, allí aparecen documentados casos en Catatumbo, Arauca, Chocó, Bajo Cauca antioqueño y otras regiones en las que las Farc se desmovilizaron y donde ahora hacen sentir su violencia bandas paramilitares, residuales y guerrilleras.
La gran pregunta es si, de darse esta reubicación de los Etcr, su futuro inevitable sea una disolución paulatina ante la imposibilidad de conseguir estabilidad social y productiva. En sí misma, esta mudanza obligada representa pérdidas no solo materiales sino políticas en cuanto a la posibilidad de hacer viable la reinserción a la civilidad y la reconciliación de exFarc y ciudadanía.
La Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU en Colombia ha anotado en días pasados que cada muerte de un líder social es un terremoto, y que los asesinatos de exguerrilleros no se detienen y llenan de incertidumbre el proceso. Una zozobra que el Gobierno Nacional, está llamado a frenar.