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Comienza el Gobierno a socializar los principales lineamientos de la inminente reforma tributaria. En la presentación que se hizo al Consejo Gremial, la reforma luce muy ambiciosa por el monto del recaudo que se quiere obtener y la forma en que, con una parte del recaudo obtenido, se pretende incrementar el gasto social.
A la reforma se le denomina “proyecto de ley de solidaridad sostenible”, porque su principal propósito es financiar el gasto social que quiere hacer el Gobierno en esta última etapa de su mandato, y que responde a la necesidad urgente de aliviar la pobreza y la desigualdad que se exacerbaron por la pandemia.
El Gobierno estima que para cumplir sus metas requiere un aumento del recaudo de hasta 30,3 billones de pesos adicionales. Una cifra nunca vista, que dejaría 5,1 billones de pesos a los municipios y departamentos a través del Sistema General de Participaciones, y 25,4 billones de pesos al Gobierno Nacional (2,2 % del PIB), para que este destine una buena proporción a cubrir el desajuste fiscal (15,9 billones de pesos) que se amplió por la pandemia, y el resto a los programas sociales (8,8 billones de pesos) y a la compensación ampliada del IVA (1,5 billones de pesos).
En términos del gasto social se destaca la intención de mantener de forma permanente el programa de Ingreso Solidario (PIS) y ampliar su cobertura. El PIS pasaría de 3 a 4,7 millones de hogares (18,8 millones de personas). También se daría un subsidio en matrícula para los estudiantes pobres, así como para el pago de seguridad social durante cinco años para el primer empleo de jóvenes hasta de 28 años, personas con discapacidad, aprendices del Sena, mujeres desempleadas mayores de cuarenta y adultos mayores sin pensión.
De otra parte, el Gobierno quiere corregir falencias estructurales del estatuto tributario colombiano para fondear esos gastos. Algunas son reformas propuestas por la Comisión de Expertos como eliminar las exenciones al IVA (con la excepción de las exportaciones) y unificar las tarifas, sin gravar los productos básicos y aumentando las compensaciones cuando sea necesario. Igualmente, se propone ampliar la base de los contribuyentes que deben pagar el impuesto a la renta y no aumentar al 100 % el descuento en renta por el pago del ICA.
Si se tiene en cuenta que, además, se prolonga el impuesto al patrimonio que pagan las personas que tengan bienes por un valor superior a los 5 mil millones de pesos y ahora se les aplicaría una tasa del 3 %, se totaliza un recaudo de los hogares de 16,8 billones de pesos. Así, los hogares soportan la mayor parte de la reforma, pues esa cifra corresponde a 1,4 % del PIB. El IVA aportaría 10,5 billones de pesos con 0,9 % del PIB. Las personas jurídicas, las sociedades, aportarían 3 billones de pesos al recaudo, lo cual corresponde al 0,3 % del PIB.
Lo que se conoce de la reforma hasta ahora, porque falta por precisar algunos detalles, muestra que es balanceada y va en la dirección correcta para no perder la sostenibilidad fiscal. Las cifras y propuestas que se conocieron seguramente se van a ajustar en el proyecto de ley que se radique en el Congreso. Después vendrán otros ajustes que saldrán de la discusión en el Legislativo. Lo importante es que se entienda lo que está en juego en un momento crítico para las finanzas estatales