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Adiferencia de ocasiones anteriores, la Minga indígena que marcha hacia Bogotá, no reclama esta vez un largo petitorio de reivindicaciones y exigencias presupuestales, sino que pide entablar un debate directamente con el Presidente de la República para que éste les rinda cuentas sobre la calidad de la democracia en Colombia, la ejecución de los acuerdos de paz, las políticas para reparto de tierras y la protección a la vida de los miembros de las comunidades indígenas y sus líderes que han sufrido ataques y atentados contra su vida, con alto número de víctimas mortales.
Con cada movilización de la Minga, los líderes de las comunidades indígenas del sur del país miden también la convocatoria que suman, el apoyo de otros sectores sociales y políticos, así como la capacidad de interlocución y la consecuente cesión que los consecutivos gobiernos les hacen a sus peticiones.
Esta vez no es distinto, aunque sí hay un factor relevante añadido y es la suma de movimientos que preparan movilizaciones y paros para revivir el movimiento de hace un año, que busca básicamente que el Gobierno haga un giro en sus políticas y adopte como plan de gobierno uno alternativo, radicalmente distinto al que lo llevó al poder en las elecciones de 2018. Es una forma de pretender variar, a través de las marchas masivas y continuas, un mandato electoral proferido por la mayoría de votantes que, como es bien sabido, no suele marchar en apoyo del Gobierno que eligió. Esa “mayoría silenciosa” de la que hablan politólogos y sociólogos agota su participación política acudiendo a las urnas, pero poco más. Es mucho más visible, así no sea más numerosa, la corriente opositora que moviliza sus huestes en las calles.
A principios de esta semana, el presidente Iván Duque delegó a una comisión de alto nivel, con varios ministros, para que viajara a hablar con los líderes de la Minga y escuchara sus peticiones. Aunque hubo reuniones, los voceros indígenas han sido enfáticos en que solo aceptan una negociación directa con el presidente Iván Duque. De las declaraciones de voceros como el senador Feliciano Valencia, o Hermes Pete, del Consejo Regional Indígena, esa exigencia se plantea en términos de una comparecencia no solo de rendición de cuentas sino como una especie de juicio de responsabilidades, como lo advirtieron funcionarios del alto gobierno.
Los gremios económicos y empresariales han manifestado sus reparos a esta marcha hacia la capital, al considerarla contraproducente para la reactivación económica que le urge al país. Otras voces han advertido sobre los riesgos de una movilización de unas cinco mil personas hacia Bogotá, pasando por otras capitales departamentales. La Alcaldía de Bogotá, por su parte, siguiendo el libreto trazado por la alcaldesa Claudia López desde el inicio de su mandato, ha convertido esto también en una confrontación con el gobierno nacional, con objetivos que no escapan a la finalidad electoral y proselitista.
Hay asuntos que el Gobierno, o los gobiernos, porque no es solo el nacional, deben efectivamente atender: la seguridad en las zonas indígenas y de sus resguardos, la protección a la vida e integridad de las comunidades, la vigencia de la legalidad en los territorios.
En paralelo, el gobierno nacional debería tener un vocero con un mensaje claro y que unifique la posición del Ejecutivo y, ante todo, que esté revestido de suficiente fuerza política y credibilidad para que pueda ser más eficaz en mostrar los resultados obtenidos hasta ahora.