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La brecha entre intenciones y realidades es traicionera, y muchas veces las decisiones terminan generando efectos contrarios a los que se buscan, por culpa de un mal diseño de los detalles. Y eso produce paradojas. Imagínense, por ejemplo, que un gobierno de izquierda, que tiene como bandera el combate a la desigualdad, terminara produciendo desigualdades mayores con sus políticas.
Pues bien, eso podría estar a punto de pasar en Colombia con dos decisiones de este gobierno: las reformas pensional y de salud. Ellas supuestamente se formulan para corregir inequidades en nuestra sociedad. Pero por ahora, por lo que conocemos, lo más probable es que nos dejen con inequidades más graves.
Miremos por ejemplo el caso de la reforma a la salud. El presidente Gustavo Petro ha dicho una y otra vez, en campaña y en el gobierno, que las Eps se tienen que acabar. Su proyecto de reforma a la salud, que según cuentas hará parte de la avalancha de proyectos que caerá sobre el Congreso en marzo próximo, procedería a eliminar esas entidades. Hace pocos días, en declaraciones sobre el tema, el Presidente sugirió que las Eps podrían convertirse en “pólizas de seguro voluntarias”.
Aun cuando todavía no se han ofrecido los detalles de cómo se reemplazarían las Eps, todo hace suponer que se propondría la creación de algún tipo de operador público, sea nacional o descentralizado (numerosas veces la ministra Carolina Corcho ha mencionado a las secretarías de salud de los municipios).
La realidad es que en este momento, por más problemas que haya en el funcionamiento del sistema, no existe en Colombia ninguna entidad con la capacidad de asumir el papel que hoy juegan las Eps. La simple mención de las secretarías de salud municipales es como para reír o llorar: no solo carecen todas ellas de la capacidad para asumir ese rol (incluso las de las ciudades grandes) sino que además la inmensa mayoría hacen parte de los fortines clientelistas locales. Se le estaría entregando el manejo de la salud (y sobre todo la plata) a los mismos clanes que a diestra y siniestra desangran el presupuesto público.
Pero supongamos que lo que se crea es un operador nacional: de aquí a que tenga la capacidad y la cobertura para reemplazar al sistema actual pasarían décadas, durante las cuales su servicio sería seguramente muy deficiente. Y cómo no recordar la época en que teníamos ese modelo por la vía del Seguro Social, cuya cobertura llegaba si acaso a la tercera parte de la población, y cuya burocracia e inhumanidad en la prestación del servicio eran famosas (nuestro sistema, que no carece de problemas, tiene cobertura universal y un plan que es el mismo para todo el mundo).
No hay que ser un genio para saber en qué terminaría esto: quien tenga plata contrataría las pólizas voluntarias, que seguramente ofrecerían niveles muy elevados de calidad y atención. Y quien no pueda estaría condenado a atenderse en el sistema público, a hacer filas en hospitales, a depender de la caridad (como sucedía antes), o peor aún: a depender de la recomendación de un político para que le den una cita o le programen una cirugía. O finalmente, a meterse la mano al bolsillo y hasta endeudarse para pagar como particular los servicios (lo que la gente hacía antes de la Ley 100). Es, de hecho, lo que sucede en los países que tienen el sistema que Petro quiere implementar.
Pasemos a las pensiones. Actualmente, como sabemos, conviven los regímenes de ahorro individual (privado) con el de reparto público (Colpensiones) y unos pocos regímenes especiales. El cotizante es libre de escoger. La reforma pensional propuesta obligaría a que toda cotización inferior a cuatro salarios mínimos vaya al régimen de reparto público, y de ahí para arriba podría ir al ahorro privado. En la práctica, esto crearía una élite que accedería a servicios financieros y de inversión sofisticados, mientras que la gran mayoría de personas no tendrían más alternativa que el sistema público.
Podría pensarse que esto no tiene nada de malo, ya que Colpensiones es una entidad seria que le cumple a sus afiliados y que ha mejorado mucho en sus niveles de atención. Pero miren el detalle: al trasladar forzosamente un gran número de cotizantes a este sistema, se le crean unas obligaciones futuras que podrían poner en peligro su viabilidad. Quienes se trasladan a Colpensiones traen una plata y eso le da al sistema un alivio de corto plazo, pero a cada una de esas personas habrá que pagarle más adelante una pensión durante veinte o más años, de modo que el panorama futuro es incierto.
Así, la gente de altos ingresos podría asegurar su retiro a través de servicios financieros privados. La mayoría de colombianos estarían atrapados en un sistema cuya viabilidad futura estaría en duda, cuya dependencia del presupuesto nacional puede acentuarse, y cuya dirección le acaban de entregar a un aliado del clan de los Moreno Rojas. Lo cual es otro motivo de preocupación.
“El diablo está en los detalles”: aunque la lucha contra la desigualdad sea la bandera, podríamos terminar creando desigualdades más acentuadas y graves. .