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Por primera vez los antioqueños ven que se expide orden de privación de la libertad contra un gobernador en ejercicio, por un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, en el curso de un proceso penal. Con independencia de corrientes o simpatías políticas, de afinidades o no con el actual gobierno departamental, para los ciudadanos es una noticia que golpea el ánimo.
La expedición de medida de aseguramiento, y la consecuente orden de detención, es por hechos ocurridos en el año 2005, por contratos suscritos en el primer período de Aníbal Gaviria como gobernador. Un interrogante que los ciudadanos legítimamente pueden hacerse es por qué quince años después ese expediente sigue sin resolverse.
El año pasado, incluso antes de que comenzara la campaña electoral para Gobernación y alcaldías, esta investigación fue objeto de toda clase de anuncios que al final resultaron infundados, así como de guerra de rumores, tan comunes en etapas de definiciones preelectorales.
Lo que sí es cierto es que ha habido mora en la justicia para resolver el caso, que pudo y debió haberse definido –bien sea para declarar responsabilidades, bien sea para descartarlas y liberar al procesado de investigaciones– mucho antes, y evitar que tanto la persona afectada y su familia, como el Departamento y sus ciudadanos, tuvieran que pasar hoy por este trance que duele al ser humano y que siembra incertidumbre institucional sobre la suerte y futuro del gobierno antioqueño. Se interrumpe abruptamente la continuidad de una administración que iba bien encaminada, trabajando con empeño y seriedad, y con particular acierto en la gestión de la atención del covid-19 y todos sus efectos colaterales.
La Fiscalía tomó ayer una decisión que solo debe adoptarse, bajo el criterio de la legislación penal, como medida de última instancia cuando los elementos probatorios son de tal solidez que el ente acusador esté dispuesto a rendir cuentas, ante la propia justicia –en este caso la Corte Suprema de Justicia, que adelantará el juicio, si hasta allá se llega– y ante los ciudadanos, de su rigor en la investigación, en la valoración de las pruebas, y en su razonada justificación de la privación de la libertad. Ni Gaviria es susceptible de considerarse un peligro para la sociedad ni hay posibilidades de que obstruya el proceso u oculte pruebas, pues ya todas están –se supone– en el expediente, ni hay riesgo de fuga. ¿Por qué considera el fiscal del caso que hay que capturarlo y privarlo de la libertad?
Si la justicia debe ser imparcial, también debe ser cumplida, oportuna. Sacar de juego al gobernador en ejercicio de un departamento como Antioquia y mantenerlo detenido no debe ser una medida que se torne indefinida. Si los jueces del caso consideran que las pruebas y la acusación de la Fiscalía tienen sustento, que no hay duda de que se vulneró la ley penal, que hubo incumplimiento de los requisitos legales para suscribir contratos públicos, que no se cumplieron los principios de transparencia, y que hubo detrimento de recursos estatales, deben obrar en consecuencia. Ahí entra también el principio de igualdad ante la ley. Entre otras cosas, para que quienes hayan incurrido en los mismos hechos punibles sean igualmente investigados y sancionados.
Si, por el contrario, no hay lugar al reproche penal, la situación jurídica del gobernador Gaviria Correa debe ser definida con toda prontitud y reintegrado al cargo. La época es actualmente crítica en lo que se refiere a la necesidad de un liderazgo estable, para atender asuntos de la magnitud del coronavirus y las enormes dificultades socioeconómicas de la población de municipios antioqueños. Obviamente, el coronavirus tampoco debe ser pretexto para parar procesos o investigaciones, ni impedimento para que la justicia siga su marcha. Pero esa marcha, insistimos, debe ser eficaz, garantista, oportuna, diáfana en sus objetivos y escrupulosamente apegada a las normas constitucionales y legales.
El presidente de la República procedió con celeridad, anoche, a nombrar el reemplazo para que, en calidad de encargado, asuma las riendas de la administración departamental. Es el secretario de Gobierno, Luis Fernando Suárez. Era el nombre más indicado, en tanto representa el programa electoral aprobado en las urnas en octubre del año pasado, y está comprometido con la ejecución de los ejes del Plan de Desarrollo recién aprobado. Antioquia esperaba acierto y buen juicio para esa designación, en el entendido de que se tratará de asumir enormes responsabilidades y no de hacer componendas de directorios políticos. Se garantiza la continuidad de los programas bandera y el conocimiento de la situación y retos del departamento..