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Terminó el paro del magisterio colombiano, y quedan sentimientos encontrados entre los colombianos, comenzando por los padres de familia, que si bien se vieron afectados por la presencia forzosa de sus hijos en las casas en período escolar, también comprenden las vicisitudes de los profesores y los reclamos que elevan para obtener mejoras salariales y profesionales.
Un interrogante constante es si es necesario acudir al paro como única vía de llegar a una negociación con el gobierno. Los representantes sindicales del magisterio anotan que el gobierno no presta atención a sus reivindicaciones, y de allí que sea necesaria la movilización y el cese de actividades. El gobierno, por su parte, pedía de forma insistente no afectar los derechos de los estudiantes y no afectarlos con un paro que ponía a los educandos como escudo.
El todo es que, a pesar de que inicialmente la ministra de Educación, Gina Parody, dijo que no negociaría mientras los niños estuvieran fuera de las aulas, al final se pudo lograr un acuerdo. Acuerdo impuesto no solo por la urgencia de ubicar a los estudiantes otra vez en su espacio natural de aprendizaje, sino por la eficaz intermediación del Defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora.
Los educadores logran que se fije un incremento salarial gradual del 12 por ciento (de aquí al año 2019), con una revisión adicional que se hará el año entrante. Esto nos concierne a todos los colombianos: dichos incrementos implican recursos que el gobierno tendrá que sacar de algún lado. Y si la presión fiscal se hace cada vez más asfixiante para empresas y trabajadores, lo será aún más, teniendo en cuenta que, entre otras cosas, el acuerdo firmado en la madrugada de ayer dice que a los maestros se les asignará un punto adicional del incremento salarial que para 2014 y 2015 se hizo a los demás empleados públicos del Estado.
El esfuerzo fiscal que para el Estado conlleva estos compromisos, además de los previsibles de otros sectores que también van a pedir lo suyo, tendría que tener como contrapartida el compromiso claro de los representantes del magisterio de permitir mecanismos de evaluación que aseguren a la Nación que la educación pública está regida por criterios de excelencia, capacitación y conocimiento.
La ministra Parody y el propio presidente de la República habían manifestado que el punto de la evaluación de los maestros era inamovible. Leído el acuerdo, no obstante, queda la impresión de que el gobierno cedió, y que así quieran presentarlo como “cambios de forma”, la evaluación sigue siendo el gran tabú del magisterio oficial.
Se habla allí de “evaluación de carácter diagnóstico formativo”, efectuada por pares y “basada preponderantemente en la observación de videos de clases” que entreguen los docentes.
Que este compromiso del Estado por la excelencia de los maestros siga en veremos no es buena noticia para nadie. Dos de los tres pilares en los que el presidente Santos funda su segundo gobierno (Educación y Equidad, además de la Paz) tienen que ver directamente con lo que ayer se acordó. Si no hay verdadera voluntad para que los maestros sean evaluados y, por tanto, se garantice que los mejores sean los que formen académicamente a la mayoría de los niños colombianos, no habrá ni equidad ni una Colombia como la más educada de Latinoamérica en 2019, como se nos ha prometido.