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Editorial

Menos audacia, más razón

¿A quiénes les sirven las “propuestas audaces” del fiscal Montealegre? Hay límites jurídicos y éticos que se salta cierto discurso de una paz a cualquier costo, haciendo gran daño a la reconciliación.
Menos audacia, más razón
ilustración morphart Publicado el 12 de mayo de 2015

El fiscal general de la Nación, Eduardo Montealegre, considera que tiene la fuerza política suficiente no solo para seguir impartiendo doctrina sobre las negociaciones de paz y las medidas jurídicas que se deben adoptar para acoplarse a las exigencias de la guerrilla, sino para desplegar toda una artillería directa contra el Congreso de la República e indirecta contra el Gobierno. ¿La razón? Su disgusto personal ante lo que considera un ataque a su investidura, porque el Legislativo tramita una reforma en que se establecerá un nuevo sistema de investigación a altos funcionarios.

Pero si la semana pasada fue el gestor de una polémica carta de la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial, donde pedían al Congreso hundir la reforma de equilibrio de poderes y proponían una asamblea nacional constituyente para el tema de la justicia, el pasado domingo fue más allá, en entrevista con Yamid Amat en El Tiempo, en la cual pasó a desafiar abiertamente al ministro del Interior, al Congreso y a otros destinatarios velados que habrán entendido sus advertencias.

La pericia del buen entrevistador, por un lado, y el afán del propio fiscal por notificar sus “inamovibles” a quienes osen contradecirlo, permiten a los colombianos reconocer una vez más cuáles son los objetivos que mueven la cabeza del ente investigativo que debería, según la Constitución, aclarar los delitos y acusar a sus responsables. Es decir, acabar con la impunidad en materia criminal.

El actual fiscal, sin embargo, ha dejado de lado las que seguramente considera ocupaciones accidentales (luchar contra el delito) para concentrarse en coadyuvar al proceso de paz, con la poca fortuna para los colombianos que lo ha hecho desde una esquina que no es la que corresponde. Mientras el propio presidente de la República y su jefe negociador en La Habana intentan, por lo menos formalmente, decir que no habrá impunidad y que habrá que establecer alguna forma de castigo por los delitos no propiamente menores cometidos por los miembros de las Farc, el funcionario que ejecuta la política criminal del Estado, es decir, el fiscal general, repite ahora que la exención absoluta de penas es el precio que los colombianos debemos pagar para “acabar 50 años de guerra”.

Y a renglón seguido se ufana de que “nosotros, como comisión interinstitucional, hicimos la propuesta más audaz que se ha hecho en los últimos tiempos para reformar la justicia. Tan audaz es que incluye la sugerencia de que entren a formar parte de esta asamblea nacional constituyente los insurgentes”.

La audacia es plausible en otros ámbitos en donde su aplicación no se lleve de por medio la propia subsistencia del Estado de Derecho. Moralmente, para un país no tiene presentación hacer alarde de audacia cuando lo que se pone ante la cara del país es la oferta de que su sistema de justicia se estructurará constitucionalmente de la mano de quienes llevan décadas intentando acabar con la poca democracia liberal que hemos logrado construir, con las dificultades y falencias que sean, pero con cierto sistema de libertades y garantías democráticas aún operantes.

Así que menos audacia y más razones, señor fiscal Montealegre. Más patria y menos ideas creativas. Más institucionalidad y menos acción fuera de los linderos de las reglas del juego. A lo mejor retomando las funciones que la Constitución le encomienda, podrá rescatar algo del sentido de justicia para el cual fue postulado al cargo.

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