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La semana pasada tomó posesión como nuevo ministro de Justicia y del Derecho el abogado vallecaucano Wilson Ruiz Orjuela. Es el tercer ministro del actual Gobierno en esa cartera que ha carecido de mayores logros y ejecutorias desde que fuera restituida en la primera administración de Juan Manuel Santos.
La primera ministra de Justicia del actual cuatrienio, Gloria María Borrero, estuvo al frente de la Corporación Excelencia en la Justicia durante muchos años y desde allí conoció como pocos las necesidades, retos y posibilidades de la justicia. No obstante, otra cosa fue asumir el cargo en la rama Ejecutiva y darse cuenta muy pronto de que las competencias asignadas a ese Ministerio tienen poca concreción en cuanto ni el Congreso se decide a abordar las reformas necesarias impulsadas por el Gobierno, ni la propia Rama Judicial, en cabeza de las altas cortes, ha estado dispuesta a facilitar la ruta para esas reformas.
Luego se intentó darle un nuevo impulso con la entonces magistrada y expresidenta de la Corte Suprema, Margarita Cabello Blanco, que no tuvo mayor suerte y prefirió asumir la candidatura –finalmente exitosa– para ser procuradora General de la Nación, un cargo con mayores atribuciones y capacidad de acción.
En noviembre de 2018, en las páginas de opinión de este diario, el expresidente del Consejo de Estado y decano universitario de Derecho, Luis Fernando Álvarez, hacía este diagnóstico sobre lo que denominó “desajuste institucional” del Ministerio de Justicia: 1) Hace parte de la Rama Ejecutiva, pero tiene que relacionarse con la Rama Judicial, que lo siente como una agencia ajena, puesto que la dirección administrativa de la Rama Judicial está en cabeza de otros órganos. 2) Se encuentra en la mitad de un híbrido institucional y funcional. No tiene ascendencia real sobre los distintos sectores de la Rama Judicial, comenzando por las altas cortes. 3) Carece de influencia directa sobre las facultades de Derecho, su reconocimiento y acreditación y sus planes de estudio. 4) En muchas ocasiones no se relaciona de manera directa con el Congreso, porque sus iniciativas y discusiones jurídicas suelen encomendarse a otros ministerios. 5) Tampoco es un actor principal en la ejecución administrativa, puesto que el presupuesto aprobado para la rama, se ejecuta bajo responsabilidad de una entidad adscrita a esta, no al Gobierno.
Al posesionarse el nuevo ministro, se le ha encomendado desde diversos sectores que impulse una reforma judicial. A principios del pasado agosto, decía el presidente Duque que “hay consenso en la necesidad de una reforma a la justicia”, añadiendo que debería ser “con la mayor velocidad y con el mayor alcance”, aunque reconocía que el procedimiento para hacerla no está definido. Sabe bien el presidente que la reforma por vía del Congreso no es fácil y, que si se abordan temas que toquen los poderes de los magistrados de las altas cortes o signifiquen un cambio en las potestades para investigarlos y juzgarlos, la reforma quedará muerta al pasar por la Corte Constitucional.
Las prioridades que le señaló el presidente a Ruiz al darle posesión, fueron las siguientes: conseguir los recursos para introducir los expedientes electrónicos; modernizar los sistemas de conciliación y de resolución alternativa de conflictos; sacar adelante la jurisdicción agraria para acercar la justicia al ciudadano de las regiones más profundas; mejorar y modernizar la ley estatutaria de justicia; atender las demandas ciudadanas que acerquen el servicio de justicia; implementar la Ruta Futuro, de enfoque integral para enfrentar el fenómeno de las drogas; y la responsabilidad de la política penitenciaria y carcelaria.
Tareas hay muchas. Poderes y capacidad ejecutiva, es lo que habrá de demostrar el nuevo ministro.