En 2018, luego de más de una década, Medellín y Antioquia alcanzaron una meta que parecía “imposible”: reducir la accidentalidad y las muertes de motociclistas y sus acompañantes, (102 conductores y 20 parrilleros muertos, en 2017; frente a 93 y 14, en 2018), logro “significativo”, según la Agencia Nacional de Seguridad Vial.
Pero la problemática está lejos de solucionarse y exige nuevos y enormes esfuerzos en el control en las vías y, sobre todo, en educación vial. La semana pasada, en solo 24 horas, murieron en Medellín tres personas, entre ellas un padre y su hijo, de 22 años, en accidentes de moto, hechos que elevaron a 9 las muertes de motociclistas y parrilleros en la ciudad en 2019. En igual periodo de 2018, con corte al 3 de febrero, sumaban 8 los motociclistas y parrilleros muertos.
Las cifras de víctimas, discapacitados, huérfanos, miseria y cargas económicas para la sociedad son de “guerra” y se consideran una amenaza para la salud pública. El reto para Antioquia, Medellín y el país es reducirlo y llevarlo a su mínima expresión, porque el mismo sí tiene solución y sus muertes y desgracias son todas evitables.
Entre 2012 y 2018 los accidentes en moto cobraron la vida de 21.017 motociclistas, 9,5 diarios, y más de 150.000 resultaron heridos. Un alto porcetaje de ellos, casi todos gente joven, que quedó reducida a sillas de ruedas o cuadripléjicos, como lo prueban los registros del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses e investigaciones especializadas.
En Medellín los picos más altos de muertes en motos corresponden a personas entre los 15 y los 29 años y el segundo entre 30 y 49 años, una población en plena actividad productiva y reproductiva. La mayoría eran gente de estratos bajos, que veían en la moto la posibilidad de mejorar de estatus, realizar ahorros en sus desplazamientos al trabajo, el estudio e incluso como medio para ganarse la vida. Muchos carecían de una seguridad social regularizada, que les permitiera acceder a una pensión por invalidez o de apoyo a sus padres, esposas o huérfanos. Los discapacitados terminan convertidos en una carga enorme para sus familias, el sistema de salud y la sociedad en general.
La moto es una realidad en nuestro medio, para cuya masificación ni las autoridades ni la sociedad estaban preparadas, el caos que genera un alto porcentaje de los motociclistas, porque no son todos, de cada 100 muertos, 87 son hombres y por estratos sociales el 95 % de las víctimas son de estratos bajos, propietarios de motos que se adquieren con la cédula, una cuota mínima mensual y un pase de conducción que se consigue con tener con que pagarlo, casi que como único requisito.
Según la Agencia de Seguridad Vial, de las 7,7 millones de motos registradas en el país, el 94 % no paga impuesto a la propiedad por tener motores menores a 125 cc, están exoneradas del pago de peajes y su aporte al Soat, cuando lo hacen, porque son sus máximos deudores, no corresponde con su nivel de siniestralidad.
Compartimos con el Gobernador de Antioquia y otras autoridades regionales y nacionales, aseguradoras y del sistema de salud que tales exoneraciones deben revisarse y los recursos que se logren se inviertan en la educación y el bienestar de los propios motociclistas.
Lo otro es continuar tolerando una anarquía de un alto grupo de los mismos para quienes el Código Nacional de Tránsito parece letra muerta, unas normas jamás leídas; las vías son pistas para la muerte, se mueven entre vehículos y zigzagueando, los semáforos no parecen existir y si los logran frenar se reúnen en grupos sobre las cebras para luego salir disparados rayando carros y llevándose retrovisores, sin que nadie los controle. El casco, su gran defensa en caso de accidentes y de uso obligatorio, lo consideran un estorbo y no lo utilizan.
Insistimos y estamos convencidos, para el bien de toda la sociedad, que este problema sí tiene solución. Si muchos motociclistas y conductores de otros vehículos son ejemplo en las vías, todos pueden serlo.
