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Es muy lamentable y dolorosa la muerte del bachiller Dilan Cruz, de 18 años, quien quedó varios días en estado crítico tras recibir el impacto en la cabeza de un objeto contundente, que los manifestantes atribuyen a un agente del Esmad. Los daños cerebrales resultaron irreversibles, y fatales. Hay toda una serie de videos que circulan profusamente por redes sociales que muestran fragmentos de la ocurrencia de los hechos. Son la justicia y los organismos de control los que deben reconstruir el panorama completo para determinar las responsabilidades.
Junto a la conmoción por el fallecimiento del joven, sobrecoge ver cómo su familia, representada en la voz de su hermana Denis, ha invitado al país a que esta pérdida despierte en la sociedad un hondo y firme rechazo a la violencia. En sus palabras, recibiendo el grado póstumo de secundaria de Dilan, resonó el llamado a que la muerte del joven de 18 años obligue a reflexionar a una sociedad acostumbrada a agredirse y resolver sus conflictos mediante el uso de la fuerza. La nobleza y la templanza con que reaccionaron los parientes de Dilan envían un mensaje a todos los actores que intervienen en o frente a la movilización ciudadana que agita al país durante los últimos seis días.
El legítimo derecho a la protesta, la necesidad de revisar y conversar sobre los problemas del país, no deben traer estas pérdidas absurdas y dolorosas. Como tampoco ese vandalismo aterrador que llevó a la Fuerza Pública a reaccionar para impedir más violencia y destrucción de bienes públicos y privados, en medio de condenables batallas campales. Los policías también han sido agredidos brutalmente por vándalos encapuchados. Hay testimonios e imágenes, con las que no se trata de iniciar una obscena competencia de quién agrede más y quién recibe peores golpes, sino de equilibrar los juicios basados en acontecimientos reales.
Estos episodios, que deben ser investigados y esclarecidos, con las consecuencias judiciales pertinentes, retratan la tensión, reactividad y complejidad de los eventos producidos por el paro nacional, que terminó siendo infiltrado, como en recientes protestas, por sujetos que emplean la violencia para supuestamente exigir la respuesta y atención del Estado.
Será necesario, claro, una nueva revisión de los protocolos y escalas de reacción de los escuadrones antimotines de la Policía Nacional. El uso de granadas aturdidoras y de gases lacrimógenos debe estar reservado para situaciones extremas. Debe ser un recurso último, y no inicial, para contener los disturbios, evitándolas si se trata de manifestaciones pacíficas como los cacerolazos, las arengas y las marchas.
Pero es necesario, igual, que la ciudadanía entienda las condiciones críticas de provocación y estrés que para los miembros de la fuerza pública, tan vilipendiados, traen los desmanes de algunos agitadores que cruzan la línea y se adentran en el terreno de conductas y actos criminales.
Hoy, cuando se abre paso una conversación nacional, aceptada y abierta por el presidente Iván Duque, sobre la larga lista de reclamos de los sectores que promueven las protestas, hay que mirar el mapa completo de las agresiones, que también dejan agentes de la Fuerza Pública y civiles ajenos a las marchas heridos de gravedad en las refriegas.
En Medellín, Cartagena y Barranquilla se ha dado ejemplo de que las demandas para que el Gobierno Nacional ajuste sus políticas sociales y económicas se pueden divulgar y poner en marcha sin tener que despedazar los espacios públicos ni, mucho menos, poner en riesgo la vida de los manifestantes ni de quienes se abstienen de protestar. Acentuar, ampliar y afianzar la democracia colombiana debe pasar necesariamente por un alto y un rechazo unánimes a cualquier forma de violencia ilegítima.