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La insistencia de alias “Iván Márquez” en que la exigencia de “cero cárcel para los guerrilleros” es un inamovible para su agrupación en la mesa de diálogos en La Habana, admite dos lecturas. La primera, obvia, es que en plena etapa de negociación el negociador jefe de la guerrilla no puede permitirse aflojar, y que representaría mal a su organización ilegal si aceptara, así fuese hipotéticamente, privaciones de la libertad decretadas por la justicia, sea la nacional o la internacional.
Y la segunda lectura es que para alzar la voz y desafiar con el “cero cárcel”, las Farc han recibido invaluable ayuda de quienes menos se pensaba: los representantes de los poderes, centros de pensamiento, tribunas de opinión o líderes mundiales que, ahora o en el pasado, tienen o tuvieron responsabilidades en la aplicación o en el estímulo a la vigencia de la justicia.
En Colombia, en primer lugar, el fiscal general de la Nación. Es decir, el funcionario titular de la acción penal para investigar y acusar a los responsables de los más graves delitos contra la población civil y contra el sistema democrático. El actual fiscal, Eduardo Montealegre, ha entendido de una forma muy particular los deberes que la Constitución le asigna. Ha obrado como abogado del poder Ejecutivo, no como fiscal.
A él se ha unido el presidente de la Corte Suprema de Justicia, José Leonidas Bustos, quien en una entrevista, en la que dijo hablar en nombre de toda la corporación, aseguró que “el Derecho no puede ser un obstáculo para la paz”. Y así, ministros, senadores, gobernadores, etc.
Personalidades extranjeras también llegan al país a hablar de paz, y terminan abogando en causas que a los colombianos nos suenan más a exigencias de claudicación de la justicia. Según los parlamentarios que se reunieron con él esta semana, el exsecretario general de la Onu y premio Nobel de Paz, Kofi Annan, dijo que nadie negocia en una mesa para irse a la cárcel. Obviamente a las Farc semejante aval no se les pasará por alto.
Como no se les pasará tampoco el concepto del exfiscal de la Corte Penal Internacional, Luis Moreno Ocampo, quien no solo pidió que la Fiscalía colombiana dejara de preocuparse por levantarle expedientes e investigaciones a las Farc, sino que aseguró que “la Corte Penal Internacional no es el obstáculo para el proceso de paz. El obstáculo es la gente que quiere castigo” (entrevista a W Radio, 18/02/2015).
También el expresidente César Gaviria y el propio presidente Juan Manuel Santos han dicho que ninguna jurisdicción internacional podrá interferir en los acuerdos de paz que se logren con las Farc. Confunden una voluntad política legítimamente favorable a perfeccionar un acuerdo de paz, con las obligaciones y compromisos jurídicos internacionales de no impunidad con determinados crímenes.
Los colombianos hemos sido testigos de un viraje a gran escala. Desde 2002, cuando nos explicaron los alcances de las obligaciones asumidas por el Estado colombiano al incorporar el Estatuto de Roma a su legislación interna, a estos tiempos donde la Corte Penal Internacional dizque ya no tiene ningún papel.
Bien lo decía hace poco en columna de opinión Gustavo Duncan, miembro de la Comisión Histórica del Conflicto: “En las negociaciones con los paramilitares, la izquierda se opuso con todos sus medios a cualquier tipo de impunidad y de concesiones políticas (...) Sin embargo, esa misma izquierda ha dado un salto mortal con las Farc. Todo el discurso de una dura justicia transicional se fue al traste. Ahora resulta que en nombre de la paz no es necesario pedir ni verdad, ni justicia, ni reparación” (Salto mortal, El Tiempo, 12 de febrero de 2015).