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Editorial

No más beneficios a criminales

Tiene que haber un momento en el que Colombia enfrente a los criminales y les diga “no más”.
Publicado el 24 de julio de 2022

Circuló esta semana una carta en la cual miembros de numerosas organizaciones criminales que operan a lo largo del país proponen al gobierno entrante de Gustavo Petro —cuya elección saludan y celebran con gran alegría— un “cese al fuego” y una desmovilización, a cambio de concesiones extraordinariamente favorables, equivalentes en la práctica a una amnistía, un perdón y un olvido.

A esa carta hay que sumarle que el gobierno Petro parece estar en la misma tónica. Primero, la idea en campaña, del hoy presidente, del “perdón social”. Segundo, Álvaro Leyva, que será el canciller, se la ha pasado hablando de la “paz total” y dice con convicción —para quienes creen que solo se refiere al Eln—: “no vamos a excluir a nadie”. Y tercero, ya tienen una ruta jurídica diseñada, según reveló EL COLOMBIANO, de acuerdo con la cual se reformarán de un totazo la ley de sometimiento colectivo, la ley de orden público, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y el acuerdo de extradición con Estados Unidos.

Todo pinta pues, a que este podría ser el gran tema del gobierno Petro. Y sin duda, con la promesa de vivir en tranquilidad, habrá quienes le den el beneplácito.

Pero no. Tiene que haber un momento en el que Colombia enfrente a los criminales y les diga “no más”. Colombia tiene que poner fin a este mecanismo mediante el cual, con la esperanza de vivir en paz, perdonamos y perdonamos más y más crímenes, abrimos las puertas a los criminales sin exigirles mucho, ¿y todo para qué? Para repetir la operación unos años después, cuando nuevas organizaciones, seguramente alentadas por esa promesa implícita y permanente de impunidad, crezcan, se conviertan en una pesadilla y en una amenaza, arrinconen a la sociedad mediante el crimen y la violencia, para pedir un nuevo proceso de perdón y olvido. Tras el cual, naturalmente, se repetirá el mecanismo.

La carta en cuestión debería ser rechazada de plano y categóricamente por el gobierno entrante, por varias razones.

La primera, es que ninguna de las “organizaciones” firmantes tiene una base para reclamar algún tipo de negociación política. Por ejemplo como los otrora famosos paramilitares ‘Gordo Lindo’ y ‘Macaco’ que allí aparecen. Todas sin excepción son bandas de crimen organizado que se dedican al narcotráfico, a la minería ilegal, al secuestro, a la extorsión, y a toda suerte de negocios ilegales y criminales. Con el único propósito de enriquecerse.

El Clan del Golfo, Los Caparros, Los Rastrojos, Los Mexicanos de Chocó, Los Shottas de Buenaventura y La Inmaculada de Tuluá no han tenido jamás un argumento cierto ni una intención política. Y a decir verdad, aunque lo hubiera, Colombia en algún momento tiene que exclamar: ¡basta ya!, y mandar clara y fuertemente el mensaje de que la violencia y el terror no son mecanismos aceptables de la acción política.

Es más: si solo en gracia de discusión aceptáramos que hubo en el pasado deficiencias en la democracia colombiana que dieron lugar al nacimiento de las guerrillas, a esas guerrillas ya se les ofreció toda la generosidad del Estado; de hecho, más allá de lo necesario. No habría razón ninguna para que sigamos, entonces, tendiendo la mano a quienes ante la generosidad prefirieron seguir poniendo bombas, asesinando a soldados y policías y aterrorizando a civiles.

En segundo lugar, no podemos seguir alimentando ese mecanismo permanente de impunidad. Todo el tiempo nos quejamos de lo débil que es la ley en Colombia y lo precaria que es la fuerza de las instituciones frente a quienes violan las normas, pero caemos una y otra vez en la tentación de dar amnistías, perdones, olvidos, indultos, que no hacen más que aceitar ese mecanismo de impunidad y, sobre todo, debilitar el Estado de derecho. Ese no es el camino: el camino es fortalecer la ley y las instituciones. Curiosamente, han sido funcionarios designados del mismo gobierno entrante quienes han dicho que no debe haber más amnistías tributarias: de acuerdo, ese es el camino, pero aplíquenlo en todos los ámbitos. ¿No van a perdonar a evasores, pero sí van a perdonar a narcos y secuestradores? Eso no tendría sentido.

Este mecanismo, además, tiene un aspecto muy peculiar, y es que no solo incentiva la nueva criminalidad, sino que incentiva la criminalidad del más alto nivel: entre peores y más masivos los crímenes, mejor. Entre más logre una organización criminal ser percibida como una amenaza estructural, más probable será que le ofrezcan mano tendida. El mensaje entonces para los delincuentes es este: si se van a meter de criminales, traten de serlo en la mayor y peor dimensión posible, así lograrán que les ofrezcan beneficios.

Pero hay además otra cosa: por experiencia sabemos que estas bandas se aprovechan de las amnistías para lavar su prontuario sin dejar sus negocios criminales. Siguen en lo mismo. ¿Ya se nos olvidó La Catedral? No vayamos a repetir ese error a mayor escala. La historia del reciclaje criminal le ha hecho mucho daño a Colombia.

Cada vez que el gobierno concede beneficios a criminales comete una injusticia contra todos los hombres y mujeres que de manera honesta se levantan cada mañana a trabajar, obteniendo a veces apenas lo básico, pero sin pensar jamás en hacerle daño a nadie. Son esas personas que resisten y batallan contra el dinero mal habido las que merecen la atención del Estado, no los capos de bandas de narcotráfico, secuestro, minería ilegal y extorsión. Colombia y sobre todo el Estado de Derecho, que se sostiene por el respeto a las normas, no resisten un perdón más. Pedimos al gobierno entrante no incurrir en ese error 

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