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Una a una todas las altas cortes del país han ido cayendo en el desprestigio. Si hace dos décadas los escándalos se generaban casi exclusivamente en los poderes Ejecutivo y Legislativo, ya alguna parte de la cúpula de la Rama Judicial ha entrado a acoplarse de forma complaciente con el clima de corrupción de la administración pública. En ello ha tenido mucho que ver, naturalmente, el origen político de la elección de magistrados que llegan a su cargo luego de largas y costosas campañas, como las que se hacen para obtener curules.
Pero no es esa su única causa. El origen político contamina muchas veces la conformación de las listas o ternas para la magistratura, y de qué manera, pues se conoce bien el bajísimo parámetro ético que rige en su ejercicio la política y toda su tupida red de intereses clientelares.
Pero paralelo a ello, es obvio que si muchos magistrados consideran que es apenas normal que en su ejercicio se rebajen a los mismos modos de actuar de los políticos, es porque saben que no tienen ningún tipo de control. Ni en lo penal, ni en lo disciplinario, ni en lo fiscal. A duras penas pueden verse sujetos a cierto control social, arrastrado, es cierto, por la cobertura mediática, con todas las falencias que eso puede tener.
No son todos, por supuesto. Hay magistrados honorables que asumen su ejercicio como una misión superior de aplicación de la justicia mediante la correcta aplicación de la ley. Pero lastimosamente cada vez más asistimos a deplorables hechos protagonizados por magistrados de Alta Corte. Desde los vergonzosos -e impunes- carruseles pensionales y tráficos de influencias del Consejo Superior de la Judicatura, hasta las guerras políticas por puestos y consolidación de clanes de la Corte Suprema de Justicia. Pasando por las interinidades del Consejo de Estado, con sus roscas y logias de poderes.
La Corte Constitucional había tenido antecedentes como el de la elección del magistrado Alberto Rojas Ríos, tan éticamente cuestionado que tuvo que ser el Consejo de Estado quien acabara sacándolo del cargo -con posibilidades de retorno, en este país nada debe descartarse- por un vicio en su elección, mas no por sus oscuros antecedentes en el ejercicio de la abogacía.
Pero en general las controversias de la Corte Constitucional se derivaban de su jurisprudencia, tan estable en muchos temas como variable en otros. Y con cuestionamientos, que ahora asumen nombre propio, en el sistema de selección de tutelas para someterlas a revisión. Siempre ha causado curiosidad que grandes pleitos donde hay de por medio multimillonarias pretensiones, sean escogidos de forma que en varias ocasiones ha generado “choque de trenes” con las otras cortes.
El actual presidente de la Corte Constitucional, Jorge Pretelt Chaljub ha sido objeto de una gravísima acusación por parte de otro magistrado en ejercicio, y de otros ya retirados. La peor acusación para un juez: pedir dinero a cambio de favorecer a quien le paga.
El magistrado Pretelt dice que él no benefició a la empresa Fidupetróleo. Es su palabra. Pero lo peor es que judicialmente no habrá forma de saber la verdad. La Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes no funciona. Hay impunidad institucional garantizada. El magistrado podría, si tan seguro está de su inocencia, dejar la presidencia de la Corte temporalmente ofreciendo la posibilidad de que su caso sea investigado por un tribunal de honor, que actúe de forma expedita, para que determine su responsabilidad moral o, si es del caso, le restituya de inmediato su honor.