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Hace unos días el Consejo Privado de Competitividad (CPC) presentó su Informe Nacional de Competitividad 2019-2020 (INC). En esta ocasión, el balance de la competitividad recuerda que en Colombia no se han hecho una serie de importantes reformas estructurales y que, con esa omisión, se ha lastrado el desarrollo económico y social del país. Se está afectado la productividad de la economía, con lo cual se limita seriamente la competitividad del producto colombiano.
La incapacidad para llevar a cabo una reforma pensional hace que, de acuerdo con los hallazgos del INC, solo uno de cada cuatro colombianos en edad de jubilación reciba una pensión, y que la mitad de los pensionados se encuentre en el 20 % con mayores ingresos de la población, mientras que el 20 % con menores ingresos apenas concentra al 0,2 % de los pensionados. O que tres cuartas partes de los subsidios pensionales se destine al 40 % de mayores ingresos y solo del 4 % al 20 % a los de menores ingresos, con un gasto anual del 4 % del PIB, en transferencias pensionales.
Igual puede decirse de las ineficiencias del mercado laboral que hacen que a pesar del relativamente buen crecimiento (3,4%), Colombia exhiba la segunda tasa de desempleo más alta de América Latina y que el 47 % de sus ocupados tengan empleos clasificados como “vulnerables”, 12 puntos porcentuales por encima del promedio regional y 35 puntos más que la Ocde. Sin olvidar las elevadas tasas de informalidad laboral y empresarial, aspectos que hacen reflexionar sobre la urgencia de una reforma al Código del Trabajo para modernizar la legislación y flexibilizar el mercado laboral.
A pesar de las falencias, el país ha avanzado en competitividad como lo demuestran los resultados de 2019 en dos de las tres mediciones más conocidas: Competitividad del Foro Económico Mundial (IGC-WEF) y Anuario Mundial de Competitividad del Instituto Internacional para el Desarrollo de la Gerencia (IMD, por sus siglas en inglés). En especial, en el IGC-WEF, el indicador más consultado y reconocido, Colombia escaló tres puestos: al 57 entre 141 países. En el puntaje, el país aumentó de 61,6 a 62,7 sobre 100 y, en relación con los pilares con los que se construye el índice, mejoró en 10 de 12. La mejoría se debe especialmente a dos indicadores: salud e inflación (2017-2018).
En contraste, se deterioró la institucionalidad por incrementos en la corrupción, problemas con la libertad de prensa y protección a la propiedad intelectual. También se estropeó el mercado de bienes, el cual no es competitivo debido a la reducida competencia, presencia de monopolios en algunos servicios públicos, exceso de protección no arancelaria y complejidad arancelaria. EL CPC insiste en la necesidad de continuar la política de reducción de la pobreza, el impulso al desarrollo regional y avanzar en la paz, pero lo prioritario es consolidar las fuentes de crecimiento de la productividad con las reformas laboral y pensional, así como mejorar la evaluación en la educación, fortalecer la red terciaria de vías, proteger el medio ambiente y promover la libre competencia, entre los puntos más importantes. El CPC plantea elementos centrales para mejorar las políticas públicas, su diagnóstico es impecable y necesario; ojalá sea atendido su llamado a hacer las reformas, teniendo en cuenta su impacto distributivo, en el marco de un acuerdo nacional.