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Las primeras banderillas de Donald Trump, el pasado 29 de marzo, cogieron de sorpresa a todos, empezando por el gobierno colombiano. “Duque es un buen tipo pero no ha hecho nada por nosotros”, decía en la pista de un aeropuerto. Y la sorpresa no venía dada por el estilo pugnaz y contrario a la diplomacia, que es lo usual en Trump, sino por dirigirse contra un gobernante al que la Casa Blanca y el Departamento de Estado habían reconocido como el principal aliado en el continente, en particular con la estrategia frente a Venezuela.
Ahora se vino la segunda andanada, esta vez no solo contra el presidente Iván Duque sino contra Colombia, al meterla en el mismo costal de sus habituales objetivos predilectos de declaraciones xenófobas: exportadores de delincuencia, aprovechados de la nobleza estadounidense para enviarles sus “malhechores”.
Lo dijo en un acto electoral, uno de aquellos de recaudación de fondos, en San Antonio, Texas, estado con marcada presencia de latinos pero donde la votación republicana es mayoritaria. ¿Hay que tomar esta salida trumpiana como una bravata dirigida más a sus partidarios y a su electorado, cuando necesita enviarle los mensajes que le han dado resultados desde hace cuatro años?
Bien es verdad que presidentes como López Obrador, de México, han optado por no responder a ninguno de los insultos ni de las proclamas llenas de datos inexactos o directamente falsos con que Trump los agravia habitualmente. Pero también es verdad que, por impredecibles que sean sus impulsos verbales, sus órdenes ejecutivas no lo son. Cuando Trump comienza una andanada verbal contra sus objetivos múltiples de ataque (la Unión Europea, China, el régimen de Maduro, la dictadura castrista en Cuba, México y Centroamérica) comienza también a preparar el terreno político para tomar medidas, sean de retorsión comercial, arancelarias, económicas y, en el caso de la lucha contra las drogas, tiene a su mano la facultad presidencial de la llamada descertificación, con antecedentes para nuestro país en 1997 y 1998.
Se podría persistir en pedirle a Trump moderación, cabeza fría y buen juicio en aquello que tenga que ver con política internacional. El gobierno colombiano podría contestar con cifras y con razones objetivamente verificables -como el auge del narcotráfico, concomitante y posterior, a las negociaciones con las Farc en La Habana, producto del apaciguamiento del gobierno pasado para que firmaran los Acuerdos, que incluyó el cese de aspersiones aéreas con glifosato- anticipándose a que Colombia pase a ser eslogan electoral de Trump y que de esa retórica estigmatizante no salgamos en el corto plazo.
Pasado mañana estará en Colombia -en Cúcuta, concretamente- el secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo. Seguro el Gobierno le pedirá explicaciones, a la vez que comunicará el malestar por las acusaciones recibidas, que ofenden a los colombianos.
La exigencia del gobierno estadounidense para mostrar resultados en la lucha contra el narcotráfico va a subir de nivel y la presión será constante. Colombia ha sido aliado leal, pero no puede reducir sus respuestas a eso. La corresponsabilidad de los países consumidores, en primer lugar el propio Estados Unidos, tiene que seguir siendo puesta de presente en todas las instancias y foros internacionales. Mientras tanto Colombia, el “amigo fiel”, tiene que templar sus reflejos diplomáticos pues la época de las declaraciones comedidas desde la Casa Blanca podrían haber quedado atrás..