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La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde) presentó el informe “Colombia 2015, reformas para un crecimiento más inclusivo”. El estudio revisa el estado de la economía en aspectos como el crecimiento, el mercado del trabajo, el sistema tributario y de pensiones, la política macroeconómica y la desigualdad.
Entre las recomendaciones que hace la Ocde están: implementar una reforma tributaria estructural, reformar el sistema de pensiones, incrementar la inversión en infraestructura, ajustar la legislación para mejorar el clima de los negocios, promover la competencia y mejorar la eficiencia del sistema judicial y revisar el salario mínimo.
En cada uno de estos temas el informe ahonda en el análisis de las problemáticas y se hacen sugerencias precisas de cómo superarlas.
Para ello se propone, por ejemplo, reducir el impuesto a la renta de las empresas y hacer que un número mayor de ellas tributen y disminuir la evasión tributaria mediante el fortalecimiento de la Dian y el incremento de las sanciones.
En materia pensional se sugiere reducir los subsidios del régimen de prima media, equiparar la edad de retiro entre los hombres y las mujeres, e incrementar la edad de retiro.
Muchos de los temas tratados en el informe han sido objeto de diversos análisis y debates. Sin embargo, por razones de orden político y económico, la concreción de las reformas ha sido o muy limitada o nula.
Basta recordar que durante la primera administración del presidente Juan Manuel Santos se formuló una reforma pensional que nunca se tramitó en el Congreso. Igualmente, a pesar de que a finales del año pasado se aprobó una reforma tributaria, ahora se dice que la misma resulta insuficiente, pues el recaudo se debe incrementar.
Para entrar a la Ocde, como es el propósito del actual Gobierno, muy seguramente el país deberá asegurar la ejecución de las reformas y la aplicación de las medidas propuestas por la Organización.
De ser así, cabe preguntarse, ¿cómo hará el Gobierno para conciliar el deseo de ser miembro del selecto club de los países de las buenas prácticas (y así avanzar, como lo destaca el discurso oficial, hacia la conformación de un país moderno), y el evidente desgano que en pasadas legislaturas mostró el Ejecutivo con la presentación al Congreso de reformas claves, como la pensional y la laboral?
Igualmente, surge la duda de ¿cómo se harán realidad las recomendaciones de la Ocde en medio de las dificultades políticas que muy probablemente se deriven de la promoción de reformas de gran calado en un año de elecciones regionales?
Algunos especialistas han señalado que en Colombia proponer la realización de reformas estructurales es asegurar el fracaso de las mismas. Por ello es que recomiendan que estas se implementen gradualmente, al tiempo que se debe hacer un uso creativo de la normatividad vigente como ha ocurrido en el caso del sector salud.
Otra opción, que ya han anunciado algunos miembros del Gobierno, es incluir en la Ley del Plan de Desarrollo algunas de las recomendaciones de la Ocde.
Lo que es claro, y el informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos así lo evidencia, es que si el país quiere avanzar en el proceso de desarrollo económico y social, resulta indispensable implementar las diversas reformas y poner en práctica las distintas medidas que corrijan los problemas estructurales que se tienen.