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El pasado lunes la Fiscalía General de la Nación divulgó un comunicado en el que anunció la ampliación de las líneas de investigación de las tramas de corrupción de la firma brasileña Odebrecht, con la conformación de un grupo especializado de fiscales, por un lado; y por el otro, la imputación de nuevos cargos, por delitos diversos, contra personas que ya están vinculadas a algunos de esos procesos, o que incluso tienen condenas derivadas de acuerdos de cooperación.
Dijo la Fiscalía que “las acciones investigativas y judiciales por el caso Odebrecht adquirieron una nueva dinámica y se han fortalecido”, y que “a partir de la unificación de distintas líneas investigativas que estaban dispersas, el Grupo de Tareas Especiales para el Caso Odebrecht estructuró seis frentes de trabajo”.
Ya están determinadas judicialmente responsabilidades penales de algunos de los que sirvieron como ejecutores de la trama corrupta en algunas de las contrataciones de obras de infraestructura pública, unos por confesión, como el viceministro de Transporte Gabriel García Morales (en ese cargo entre 2009 y 2010), que recibió sobornos por 6 millones y medio de dólares; y otros por condenas derivadas de las pruebas acopiadas por la Fiscalía, como el expresidente de Corficolombiana, socia de Odebrecht en Colombia, José Elías Melo.
Cuando se habla de entramado corrupto se quiere denotar la multiplicidad de conductas penales que se ejecutaron, la diversidad de intereses ilícitos que se proponían sus planificadores, la multiplicidad de funcionarios públicos que se vendieron dejándose sobornar o sirviendo de comisionistas y cabilderos, los ejecutivos de empresas privadas que consideraron normal participar de ganancias derivadas de contratos conseguidos ilegalmente, la relación con campañas políticas de parlamentarios y candidatos presidenciales intercambiando apoyos, y el conflicto de intereses del entonces fiscal General Martínez Neira con una de las ramas de la investigación, que obligó a designar un fiscal ad-hoc.
Los tentáculos eran muchos, los poderes involucrados tenían capacidad de influencia y no propiamente para coadyuvar a encontrar la verdad, y el papel de los investigadores fue tan desorganizado que ahora la actual Fiscalía, en el comunicado mencionado al principio, habla expresamente de errores que ahora hay que entrar a subsanar, y de omisión en la imputación de delitos -lo cual se hará ahora- en los que habrían incurrido personajes como Roberto Prieto o Eduardo José Zambrano, de eventual lavado de activos.
El “Ñoño” Elías, condenado por la Corte Suprema, poderosísimo senador en tiempos de las administraciones de Juan Manuel Santos, es más específico ahora y acusa que los directivos de Odebrecht en Colombia le dijeron expresamente que querían ayudar en la campaña de reelección de Santos en 2014, ante la derrota sufrida en primera vuelta frente a Óscar Iván Zuluaga (cuya campaña también fue investigada por posibles aportes de la firma brasileña a través de asesores).
El testimonio del exsenador santista habrá de ser contrastado con otras pruebas judiciales y una de las más importantes es lo que pueda aportar Roberto Prieto, el “hombre fuerte” de la campaña de Santos en 2014, hoy en la cárcel. Es la justicia, si de verdad a partir de ahora se concentra en una investigación técnica y rigurosa, la que definirá la veracidad de los testimonios y, sobre todo, la posible infiltración de la campaña reeleccionista que muy poco ha sido auditada, beneficiada por lo que un expresidente de la Corte Suprema de ingrata recordación designó como la declinación del Derecho en aras de la paz