Pico y Placa Medellín
viernes
2 y 8
2 y 8
Una grabación bastó para dejar al desnudo la complicidad del gobierno de Gustavo Petro con las peores bandas criminales del país. Y atando cabos, se podría concluir que en estos cuatro años el Gobierno puso el Estado al servicio de la mafia.
La unidad investigativa de Noticias Caracol, dirigida por Ricardo Calderón, divulgó audios de una reunión que tuvo lugar tres semanas después de la posesión de Petro entre el entonces alto comisionado de Paz, Danilo Rueda, y emisarios del Clan del Golfo, entre ellos alias “Jerónimo”.
Lo que allí se escucha es una negociación de impunidad. Rueda les ofreció frenar los bombardeos, acabar con las operaciones de la Fuerza Pública, retirar a los oficiales de inteligencia que más conocían a ese grupo criminal y levantar órdenes de captura y extradición a Estados Unidos.
Pero lo peor: el Gobierno, a través del comisionado, le ofreció a ese ejército ilegal repartirse el control del territorio, “congelado” cada uno en el pedazo que le correspondía. Vale la pena leer la frase exacta. “Hay cosas que no se hacen explícitas —dice Rueda— ¿En otra región qué logramos? Usted controla hasta acá. Juguemos a los congelados”. Se oye a uno del Clan del Golfo preguntar: “¿Incluido el Ejército y la Policía?”. Y Rueda responde: “Todos nos quedamos congelados. Y si a alguien le da por moverse, ahí ya llega el lío. ¡Juguemos a los congelados!”.
Cuando dice “hay cosas que no se hacen explícitas” haría referencia a un pacto secreto a espaldas del país. Y cuando propone que el Estado les ceda territorio, deja claro que “en otra región” ya “lo lograron”. ¿En dónde? ¿Con cuál grupo armado? Todo en un lenguaje de códigos, como si tramara por fuera de la ley: les ofrecía, de facto, carta blanca para delinquir en el territorio que les correspondía.
Nada de esto cabe en la Constitución. El artículo 189 reserva al Presidente —no a un comisionado de paz, y menos en una mesa secreta— la dirección de la fuerza pública. El artículo 250 blinda la autonomía de la Fiscalía; ningún funcionario del Ejecutivo puede pactar con un grupo armado la suspensión de órdenes de captura o extradición como moneda de cambio.
Lo de Rueda no es un hecho suelto: es una pieza más de un patrón sistemático de cercanía del gobierno con estructuras criminales, que arrancó antes incluso de la Presidencia. Desde la campaña, su hermano Juan Fernando Petro —acompañado justamente de Danilo Rueda— recorrió cárceles del país, el llamado “Pacto de la Picota”, buscando apoyos electorales de grupos criminales.
Con el ELN la cercanía fue más grave: el Gobierno llegó a discutir no solo el cese de hostilidades, sino el modelo económico del país. La propia jefa negociadora, Vera Grabe, reconoció que la mesa abordó una “reforma económica” y una agenda de transformación política, ambiental, educativa y cultural —un viraje radical frente a cualquier negociación de paz anterior, donde jamás se puso el modelo económico como objeto de pacto, y menos sin informar al país—. La filtración generó controversia porque ninguna delegación de paz tiene competencia constitucional para comprometer reformas que solo le corresponden al Congreso.
A esa lista hay que sumar gestos de Petro que, con la excusa de la “paz total”, beneficiaron a la mafia. Creó y defendió la figura de los ‘gestores de paz’, que se convirtió en patente de corso para criminales y motivo de indignación para la fuerza pública. La captura de “Calarcá” fue una puñalada a la Constitución: los militares que cumplían su labor fueron reprendidos y obligados a soltarlo, mientras el capo seguía orondo su camino con camionetas de alta gama pagadas por el Estado. O el bochornoso “tarimazo” en Medellín, donde Petro compartió escenario con estructuras armadas como si fueran un interlocutor político legítimo.
Cada episodio, por separado, podría leerse como un error de cálculo. Juntos, configuran una alianza del Gobierno con las bandas criminales: una apertura deliberada hacia grupos armados y terroristas, sin control judicial, sin mandato constitucional y sin que el país conociera la magnitud real de lo negociado.
“Jugar a los congelados” no fue un gesto humanitario: fue oxígeno para el crimen organizado. Entre 2022 y 2025, según la Fundación Ideas para la Paz, el Clan del Golfo casi se triplicó —de 4.099 a casi 10.000 integrantes— y duplicó su presencia territorial, de 145 a 296 municipios. Pero el dato que debería sacudir al país es otro: un estudio de la Universidad EAFIT y la Universidad de los Andes calculó que en 2024 el narcotráfico generó para las organizaciones criminales colombianas cerca de 16.500 millones de dólares, el 4,4% del PIB, cifra que ya supera las exportaciones de petróleo. La economía de la coca pasó de 0,8% del PIB hace una década a convertirse en el primer renglón exportador de Colombia, por encima del carbón, el oro y el café. El resultado de cuatro años del Estado negociando en privado con quienes producen esa droga.
Rueda se defiende diciendo que aquello fue apenas una “fase de exploración”. La distinción es cosmética: no se necesita un acuerdo firmado para violar la Constitución; basta con que un funcionario ofrezca a un grupo armado ilegal el retiro de la Fuerza Pública y la suspensión de la justicia a cambio de su buena voluntad.
Ya hay una denuncia penal contra Rueda. La Fiscalía y el Congreso tienen la obligación de establecer si Petro y el ministro de Defensa, Iván Velásquez, también deben responder. Y sobre todo si estas conversaciones se tradujeron en hechos concretos: la salida de 35 generales y coroneles de inteligencia que perseguían al Clan del Golfo, el cese de facto de los bombardeos por más de dos años, el debilitamiento de la capacidad estatal frente al narcotráfico.
Si la respuesta es sí —y todo indica que lo es— no estamos ante un error de cálculo en política de paz: estamos ante el uso del Estado para proteger a quienes debería perseguir. Cuando un gobierno negocia en secreto el retiro de su propia fuerza pública, abre la puerta a discutir el modelo económico con una guerrilla, y trata con honores a cabecillas criminales mientras la coca se convierte en el primer producto de exportación del país, eso no es paz total. Eso puede ser traición a la patria. .