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A las 7:34 de la mañana de este lunes, Colombia recibió uno de esos recordatorios brutales que la naturaleza envía sin pedir permiso. Durante largos segundos la tierra se movió. Se sacudieron edificios, se abrieron paredes, cayeron estructuras y, en cuestión de minuto y medio, una mañana cualquiera se convirtió en tragedia.
El terremoto, de magnitud 7,4 y con epicentro en San José del Palmar, Chocó, ha sido el de mayor magnitud registrado en el país durante este siglo, y tal vez el de más larga duración: no fue un solo tirón, nos sacudió entre 90 y 120 segundos. No fue un temblor superficial, sino un evento gestado en las entrañas de la placa de Nazca, que se hunde milímetro a milímetro bajo la placa Suramericana y libera enormes cantidades de energía. Su profundidad —103 kilómetros— fue, paradójicamente, lo que permitió que las ondas viajaran cientos de kilómetros sin perder fuerza: se sintió en Bogotá, en Bucaramanga, y hasta en Quito y Ciudad de Panamá. Colombia entera, por unos minutos, tembló al mismo tiempo.
Pero detrás de las cifras y las explicaciones científicas están las vidas perdidas y una pregunta inevitable: qué tan preparada estaba Colombia para un desastre de estas dimensiones.
Anoche ya se contaban más de 130 personas muertas y otro número aún por determinar de víctimas atrapadas en las edificaciones colapsadas: 19 estructuras en Cali y 17 en Pereira. Estas dos ciudades, junto con Chocó, aparecen como las más golpeadas. Más de 1.500 viviendas resultaron afectadas y varios aeropuertos suspendieron operaciones. El balance seguramente se agravará con el paso de los días. Por eso, antes que cualquier reflexión, este debe ser un momento de solidaridad con las víctimas y sus familias, y de respaldo absoluto a quienes participan en las labores de búsqueda y rescate.
Colombia sabe desde hace mucho que vive sobre un territorio sísmicamente activo: el Servicio Geológico registra en promedio unos 2.500 sismos al mes, la inmensa mayoría imperceptibles. Lo ocurrido ayer no era predecible —la ciencia aún no puede anticipar cuándo ni dónde ocurrirá un terremoto—, pero sí era previsible que el país volvería a enfrentar uno de gran magnitud. Ahí está la diferencia que importa: no se puede impedir que tiemble, pero sí se puede impedir que un edificio se desplome si se cumplen las normas de sismorresistencia.
Colombia ha aprendido algunas de estas lecciones pagando precios dolorosos. Los terremotos de Popayán en 1983 y del Eje Cafetero en 1999 dejaron mejores códigos de construcción y una Red Sismológica con más de 200 estaciones. Probablemente eso salvó vidas ayer. Pero las edificaciones que colapsaron recuerdan cuánto falta: construcciones informales, edificios antiguos sin reforzamiento, hospitales vulnerables, barrios sin control urbanístico suficiente y enormes diferencias en la capacidad de respuesta entre territorios.
También habrá que prepararse para lo que sigue: el Servicio Geológico había registrado hasta el mediodía 18 réplicas y advirtió que pueden continuar durante semanas. Eso obliga a evaluar las estructuras afectadas antes de permitir el regreso de sus habitantes, y a evitar que la ansiedad colectiva sea alimentada por cadenas falsas y predicciones sin fundamento científico. En una emergencia, la información también salva vidas.
Este terremoto encuentra además a un gobierno que apenas comienza. Abelardo de la Espriella llevaba solo dos días como Presidente cuando la tierra puso este desastre sobre su escritorio: prácticamente su primer día hábil de gobierno. Y no es el primer mandatario colombiano al que la tragedia pone a prueba desde el arranque: al país se le ha vuelto costumbre recibir a sus presidentes con catástrofes. A Juan Manuel Santos le tocó la ola invernal más severa de la historia reciente, que dejó sin hogar a 3,6 millones de personas. A Iván Duque lo alcanzó, a mitad de camino, la pandemia. A Andrés Pastrana, apenas seis semanas después de posesionado, le tembló el Eje Cafetero el 25 de enero de 1999: un sismo que arrasó Armenia, Pereira y Chinchiná, dejó más de mil muertos y obligó a inventar sobre la marcha al Forec, el organismo de reconstrucción que luego serviría de modelo para el Fondo de Adaptación que Santos crearía once años después. Y a Belisario Betancur le correspondió, ya avanzado su gobierno, la avalancha de Armero en 1985, que sepultó a más de veinticinco mil personas en minutos —la tragedia que el país recuerda por el rostro de Omayra Sánchez, atrapada durante tres días ante las cámaras del mundo. Cuatro presidentes, cuatro tragedias, la misma pregunta: ¿aprendimos algo de la anterior?
Frente a la de ayer, la pregunta es inmediata: ¿qué tan preparado está el Estado para manejar simultáneamente una transición política tensa y una emergencia de esta magnitud? El presidente De la Espriella asumió la coordinación de la respuesta, y es buena noticia que Gobierno nacional y autoridades locales estén unidos en un mismo propósito. No es momento para disputas políticas: Gobierno, autoridades locales, organismos de socorro, Fuerza Pública, sistema de salud, oposición y ciudadanía tienen que funcionar como una sola maquinaria.
Habrá tiempo para evaluar aciertos y errores. Ahora hay que rescatar personas. Después habrá que reconstruir viviendas, recuperar infraestructura y acompañar durante meses, quizá años, a comunidades que perdieron en segundos lo que construyeron durante toda una vida.
Porque un terremoto no empieza cuando se mueve la tierra. Sus efectos comienzan a escribirse mucho antes: cuando se concede una licencia de construcción, se levanta una casa, se inspecciona un edificio, se refuerza un hospital, o una autoridad decide invertir —o no— en prevención. La tierra volverá a temblar. No sabemos si será dentro de una semana, diez años o medio siglo. Lo que sí podemos decidir desde mañana es qué país encontrará cuando vuelva a hacerlo.