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Se ha vuelto habitual el espectáculo de buses de servicio público incendiados o vandalizados en las ciudades donde ha habido protestas violentas. También han sufrido las estaciones o los portales, algunas quedaron destrozadas e inservibles. En ocasiones se ha debido suspender el servicio de transporte para proteger la integridad de los pasajeros y prevenir mayores daños en la infraestructura.
Para los sistemas de transporte público masivo, presentes en siete ciudades, las pérdidas provocadas por el paro nacional son multimillonarias. Las ciudades más afectadas por los desmanes han sido Cali y Bogotá, en las cuales se estima que los daños en activos e infraestructura pueden llegar a 100 mil millones de pesos, después de dos meses de movilizaciones.
La reducción en la operación ha impactado las finanzas de los sistemas de transporte, ya de por sí muy deterioradas por la pandemia del Covid-19. Esta última puso en tela de juicio la esencia misma del transporte urbano, en particular de los transportes masivos, sean estos del tipo metro, Transmilenio o tranvía, y los afectó dada su debilidad estructural. La misma cercanía entre los pasajeros que permite transportar más gente, no favorece el distanciamiento social que se requiere en la lucha contra la propagación del virus.
Así las cosas, con los confinamientos y otras medidas bajó drásticamente la circulación de los habitantes de las ciudades y la utilización del transporte público urbano. En un primer momento, para garantizar el distanciamiento social el gobierno nacional decretó que los buses o vagones de metro solo podían funcionar al 35 % de su capacidad, en ocasiones se debía movilizar la flota completa para garantizar el transporte de los usuarios.
En esas condiciones de una caída sustancial de la demanda, al finalizar 2020 las finanzas de los sistemas de transporte estaban destrozadas. Según cifras del Dane, durante el cuarto trimestre de 2020 la variación anual en los pasajeros transportados fue de -42,8 % en 8 ciudades con sus áreas metropolitanas. Se estimaba un déficit diario desde que comenzó la pandemia de $11 mil millones. En 2021, aunque se ha autorizado un aumento del aforo, esto no se ha traducido en un retorno de los usuarios. Las cifras del primer trimestre continúan mostrando una caída anual de 35,7 % en el número de pasajeros que se movilizaron en los sistemas de transporte masivo. Se detectó, así mismo, la sustitución por otro tipo de medios de transporte, como la bicicleta, considerados más seguros para prevenir el contagio y cuya utilización ha sido estimulada por las autoridades locales.
Es de esperar que cuando se cuente con cifras de pasajeros movilizados para segundo trimestre se observará una caída, producto de la intermitencia del funcionamiento del transporte en el paro nacional. En el entretanto, las cifras financieras de los diferentes sistemas se seguirán empeorando. Las dificultades se agudizarán y van a poner en riesgo una política pública que mejoraba el bienestar de los ciudadanos y era, en principio, favorable con el medio ambiente.
Queda la impresión de que el documento Conpes 3991 (Política nacional de movilidad urbana y regional) formulado apenas hace un año, ya se quedó corto en sus recomendaciones de política, porque la realidad de la pandemia lo superó. Al sistema de transporte sumido en una grave crisis financiera es urgente inyectarle recursos, como se había contemplado en la fallida reforma tributaria que retiró el gobierno, ahora la situación es aún más grave por los daños que causó el paro nacional