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Editorial

Pasó lo que tenía que pasar

Al calor de una política de paz mal diseñada, avivatos y estafadores ofrecen beneficios.
Publicado

Con el ofrecimiento de “paz total” a los narcotraficantes y a las bandas criminales pasó lo que tenía que pasar.

EL COLOMBIANO reveló el 15 de enero las versiones que corrían entre los presos de La Picota en Bogotá, en el sentido de que a varios capos les estarían pidiendo dinero para levantarles las órdenes de captura y, sobre todo, para que no los extraditen a Estados Unidos. La denuncia cogió fuerza este fin de semana con la publicación en otros medios. La revista Semana señaló que personas no identificadas andan ofreciendo a narcos y jefes de bandas criminales su cupo en la “paz total”.

La prueba de que no se trata de una denuncia cualquiera la dio el mismo presidente Gustavo Petro, quien, a través de su cuenta de Twitter, dijo que nadie está autorizado por el gobierno para negociar este tipo de beneficios, calificados por el mandatario como “negocio para avivatos”.

Y los rumores quedaron aún más ratificados con el hermano del Presidente, Juan Fernando Petro, quien también salió este lunes a responder y negó que por medio de él exista canal alguno que permita tal intermediación. De paso, confirmó, por ejemplo, que abogados estaban pidiendo hasta 800 millones de pesos a los narcos para “tener una cita” con él. ¿Por qué Juan Fernando Petro? Porque lo mencionan en las denuncias, aunque vagamente y sin precisión ni detalles. Pero también porque a él lo persigue y lo seguirá persiguiendo el fantasma de un hecho aún no explicado a la opinión pública: el de sus visitas a cárceles para entrevistarse con presos “de alto perfil” en plena campaña electoral.

¿Si la “paz total” de Petro consiste en negociar con bandas criminales, por qué querrían pagar por un cupo los capos de la mafia? Hay que tener en cuenta que no todos los capos tienen derecho a salir libres a las primeras de cambio como voceros de paz ni tampoco a todos se les levantarían sus órdenes de captura con fines de extradición.

Como este es un país de ánimos crispados, es necesario decir aquí que ninguna de las denuncias comprometen al Presidente de la República, ni al Comisionado de Paz Danilo Rueda, ni a ningún otro funcionario del gobierno. Por ahora todo indica que, como dijo el presidente Petro, se trata de actos de avivatos.

Pero sí debería ser ocasión para que el presidente y su gobierno reflexionen sobre la manera como se está orientando la política de paz total, pues lo sucedido, si bien no es de manera directa su culpa, sí se originó al calor de los incentivos ofrecidos por dicha política, por la falta de estructura y método que la caracteriza, y por su dependencia excesiva de la buena voluntad de los participantes.

Hay oportunistas, es cierto, pero los hay porque hay una oportunidad.

A esta altura del juego todos en Colombia sabemos lo peligroso que es hablar de paz con los narcos y con los criminales puros. Ellos suelen responder a esa buena voluntad de manera tramposa, aprovechando los beneficios para lavar su nombre y sus fortunas, mientras siguen enriqueciéndose con sus negocios. Basta recordar a La Catedral, supuesta cárcel convertida en auténtica oficina y residencia de lujo de Pablo Escobar.

También vale reflexionar sobre lo frágil que puede ser un proceso que se decidió empezar por el final. En todo proceso de paz o de sometimiento los beneficios y las concesiones son producto del proceso, no son su punto de partida. Excarcelaciones, suspensión de órdenes de captura, no extradición, y otras gabelas, tendrían que aparecer como producto de un camino en el que primero se establecen compromisos, condiciones, contraprestaciones, garantías y protocolos. Aquí el gobierno decidió dar en la puerta de entrada lo que se debería dar en la de salida. Obviamente eso iba a crear una feria y un comercio de avivatos que ofrecerían esos beneficios en las cárceles.

En buena hora, ayer tras la cumbre entre el presidente Petro y el fiscal general Francisco Barbosa quedó planteada la intención de que van a trabajar de manera armónica y que vendrá primero una ley de sometimiento.

También puede ser esta la oportunidad para explicar, por fin, en qué consistieron las famosas visitas a La Picota. De qué se habló allí, a qué se comprometieron los emisarios de la campaña de Petro. ¿Hay compromisos preexistentes con jefes del narcotráfico? Insistir en que fueron a hablar de derechos humanos es y seguirá siendo poco convincente: la oscuridad y el misterio de sus gestiones en las cárceles es lo que crea la oportunidad que aprovechan esos avivatos y estafadores. .

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