Con el anuncio de Uber del cese de sus operaciones de transporte en Barranquilla a partir de mañana, la empresa inició su retiro del país, proceso que debe culminar al final de este mes, según su comunicado del pasado 10 de enero. Si bien Uber adelantó su salida en la capital del Atlántico, dejó en claro que continúa con sus acciones jurídicas contra el Estado colombiano, en contra del fallo de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) por competencia desleal, que consideran arbitrario.
La SIC estimó, en su decisión de diciembre, que Uber y sus plataformas lo que hacen es ofrecer servicios de transporte público individual de pasajeros. Esa es la realidad jurídica de la figura que la empresa presenta como “economía colaborativa”. Como prestación de servicio público, deberá estar regida por las normas en la materia, que exigen toda clase de requisitos que, mal que bien, cumplen otros prestadores del servicio, entre ellos las empresas de taxi, donde rige un sistema oneroso de cupos para poder licenciar cada automóvil destinado a servicio de transporte de pasajeros.
La SIC aplica normas en materia de competencia, y concluye que Uber incurría en competencia desleal y desviación de clientela, dándole la razón a una de las agremiaciones de taxis, que actuó como demandante.
Con la salida de Uber se reduce la oferta y se compele a los usuarios a someterse a las condiciones del servicio que prestan los taxis, que precisamente fue lo que propició el auge de Uber, al buscar en él mejores condiciones de servicio. La mala imagen derivaba de quejas recurrentes sobre inseguridad y los abusos de los taxistas, por un lado, y de sus grupos de presión, por el otro, ante los que políticos y funcionarios públicos tiemblan. La llegada de una alternativa fue exitosa, al abrir posibilidades que rápidamente renovaron el transporte ofreciendo un servicio no necesariamente más barato, pero sí más cómodo y confiable.
No es únicamente el ánimo de los ciudadanos que van a resultar perjudicados por la salida de Uber del país, lo que está en juego en esta ocasión. Es inconcebible que seis años después de la llegada de la empresa al país haya habido tal ambigüedad en el manejo que se le dio al problema, al que se fueron dando largas sin llegar a una solución, ya que mientras se permitía que el servicio se prestase nunca se avanzó en una verdadera política pública que modernizara las leyes y normas para ofrecer un servicio acorde con las necesidades de transporte de las ciudades contemporáneas.
Es cierto que el servicio que ofrece Uber es disruptivo en varios aspectos y desafía los poderosos intereses de quienes hoy ofrecen el de taxi. Pero también es cierto que las plataformas están llenando un claro vacío y en muchas ciudades y países del mundo se ha podido llegar a acuerdos con las plataformas para que con la modernización de la legislación, continúen ofreciendo el servicio de transporte.
Con un gobierno que se precia de apoyar los adelantos tecnológicos de la era digital, la crisis que representa la salida de Uber debería acelerar los cambios en la legislación en relación con las plataformas que posibilitan el ofrecimiento de este tipo de transporte. Hoy hay varias plataformas que lo ofrecen y sería inconcebible que el país no se pueda beneficiar de esos adelantos. Sería un golpe gigantesco al bienestar de muchos ciudadanos que hoy utilizan esos servicios que han mejorado sus vidas. Sin olvidar el empleo que están generando (solo Uber cuenta con 80 mil conductores afiliados) y los impuestos que podrían aportar. Pero lo más grave, ¿qué mensaje deja el Gobierno y el país a los emprendedores digitales y la inversión internacional con esta decisión argumentando leyes previas a la llegada formal de internet a Colombia para la toma de sus decisiones en plena cuarta revolución?.
