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El fútbol femenino colombiano, el mismo que lleva años reclamando apoyo, estímulos de dirigentes, medios y público, haciendo esfuerzos enormes por ganar espacios de desarrollo, está tomando protagonismo en las últimas semanas, pero por ninguna causa plausible.
Comenzando por las denuncias realmente graves que han hecho algunas de sus jugadoras y profesionales sobre acoso sexual, por un lado, y por múltiples factores de discriminación, por el otro. Y terminando con el baldado de agua fría conocido ayer, de relegar el fútbol femenino -por ahora- a torneo semiprofesional.
El primer punto ha concitado, con razón, las voces de rechazo de todos los estamentos, no solo los relacionados con el fútbol. Las acusaciones por conductas de acoso sexual e intentos de abuso obviamente tienen que tramitarse como posible comisión de delitos definidos en el Código Penal correspondiendo a la Fiscalía abordar su inmediata investigación.
Será la justicia la que determine la responsabilidad -o la ausencia de ella- de las personas que han sido mencionadas como presuntos autores de esos delitos, un exdirector técnico y un expreparador físico. Que aparte del cariz penal, tiene el del maltrato también acusado por jugadoras, que se extiende a las condiciones desfavorables que, en comparación con otras -y sobre todo, otros- deportistas han tenido que padecer.
Hay agravantes que, de confirmarse y comprobarse por la justicia, hacen aún más repulsivas estas conductas: las condiciones de vulnerabilidad en que las jugadoras son puestas por entrenadores, técnicos y dirigentes, y el hecho de que varias de ellas son menores de edad, sus familias confiaban su cuidado y asistencia a quienes al final no habrían resultado dignos de confianza.
Han intervenido la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, el procurador Fernando Carrillo, la Defensoría del Pueblo, Coldeportes, la Fifa y Conmebol, todos pidiendo pronta actuación de la Fiscalía. Es eso lo que se requiere, eficacia y diligencia investigativa, más que la búsqueda de figuración mediática efímera mientras los problemas de fondo no solo persisten sino que empeoran.
El comunicado de la Fifa contiene advertencias que la Federación Colombiana de Fútbol -que también firma el documento- deberá tomarse en serio.
Si ha habido acoso contra las jugadoras de fútbol, si ha habido y hay discriminación contra ellas, son asuntos que conciernen a toda la sociedad colombiana, como muestra de una inadmisible manifestación de abuso de poder contra las mujeres. No puede haber sectores donde la discriminación y el abuso puedan tomarse como normales, por “habituales” que le parezcan a sectores o dirigentes retardatarios.
Ayer, por otra parte, las entidades que manejan el fútbol colombiano (Federación, Difútbol y Dimayor) salieron a lamentarse por la falta de apoyos al fútbol femenino, sea por parte de patrocinadores, que no hay, de los medios de comunicación, o del mismo público, que no acompaña los partidos. Hay que atender lo que eso tiene de real, pero también hay que examinar el papel de esas entidades en su gestión, sobre si apunta a promover el deporte femenino o, por el contrario, a soslayarlo y “pordebajearlo”.